La denuncia del Concello del Sada por los "constantes" incumplimientos del régimen de apertura del pazo de Meirás ha llevado a la Dirección Xeral de Patrimonio a abrir una investigación que podría derivar en un expediente sancionador a los propietarios, los herederos del dictador Francisco Franco.
La Consellería de Cultura confirmó ayer a este diario que ha incoado diligencias previas para confirmar si, tal y como sostienen responsables municipales y los turistas, los dueños de este inmueble protegido incumplen el régimen de visitas que establece la ley de patrimonio para los Bien de Interés Cultural (BIC). De confirmarse, la Xunta podría imponer una sanción a los Franco por vulnerar la ley de patrimonio.
La normativa obliga a que los monumentos catalogados como BIC abran al público al menos cuatro días al mes. Desde su apertura en 2011, han sido numerosas las voces que han denunciado las trabas para acceder al pazo (especialmente durante el mes de agosto, cuando veranea la familia) y el carácter cada vez más reducido de los itinerarios (no se permiten grabar vídeos ni sacar fotografías y está prohibida la visita a la antigua biblioteca, entre otras estancias).
El Ayuntamiento de Sada, gobernado por Sadamaioría, BNG y PSOE, asegura haber recibido numerosas quejas de visitantes que no han podido realizar el itinerario o reservar fecha para visitar este pazo, que fue adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria, para regalárselo al dictador.
El Gobierno gallego, que inicialmente asumió el coste y la gestión de las visitas, delegó finalmente este cometido en los propietarios del pazo, que siempre se han mostrado reacios a permitir la apertura al público de Las Torres de Meirás (recurrieron hasta el final su declaración como Bien de Interés Cultural).
La Xunta evitó hasta ahora a tomar cartas en el asunto, aduciendo que ya no tiene ninguna responsabilidad en la gestión de las visitas. El cambio de color político del gobierno de Sada ha contribuido a caldear el debate. El Ejecutivo (Sadamaioría, BNG y PSOE), se ha mostrado mucho más beligerante que sus antecesores del PP. La Concejalía de Cultura, dirigida por el nacionalista Liss Becerra, reclamó inicialmente a la Xunta que les permitiese gestionar las visitas y, tras su negativa, la apertura de un expediente contra los Franco por incumplir la ley de patrimonio.
