Un juzgado mercantil ha emitido sentencia hace unos días en la que desestima la demanda incidental presentada por el Ayuntamiento de Miño contra Martinsa-Fadesa y la administración concursal. El Concello esperaba que una parte de los 21 millones de euros que debe abonar a los expropiados como responsable subsidiario pudiesen obtenerse de la liquidación de Fadesa.
Sin embargo el acuerdo de acreedores le permite a la inmobiliaria demorar el abono hasta 2022. El nuevo Gobierno local llevará al próximo pleno la propuesta de recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió un auto el pasado octubre en el que le daba cuatro meses al Concello para pagar los 21 millones que le adeuda a los expropiados como responsable subsidiario del abono de los justiprecios. El Concello rechazó abonar el dinero y aludió a otras alternativas como ejecutar unas hipotecas de inmuebles propiedad de Martinsa-Fadesa que ésta había constituido a su favor, además de otras medidas "judiciales" dentro del concurso de acreedores.
