El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha archivado la causa contra el alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el monte Costa, donde una empresa acumuló residuos durante 20 años con permiso del Concello pese a que la Diputación lo había cedido para fines recreativos o culturales. El auto judicial dicta el sobreseimiento de la causa al asumir "íntegramente los argumentos del Ministerio Fiscal", que apoyó la petición de archivo formulada por la defensa del alcalde, ejercida por el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren. El plazo para recurrir el auto ha finalizado.

El auto archiva también la causa contra el exconcejal de Medio Ambiente, Narciso Marzoa (ahora en Alternativa dos Veciños) y el empresario que gestionó residuos en el monte Costa, el propietario de Excavaciones J. Fernández S.L., Jesús Fernández. El escrito del juzgado, fechado el pasado día siete de este mes, falla que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".

El juzgado fijó un plazo de tres días desde la notificación del sobreseimiento para interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación y de cinco días para formular un recurso de apelación directo. El PP de Culleredo, que denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en el monte Costa, aseguró ayer no tener conocimiento del archivo de la causa. El portavoz popular, Antonio Cañás, afirmó desconocer el sobreseimiento y añadió que todavía está pendiente la decisión sobre si recurrir el archivo de la causa o no, pese a que el plazo ha concluido.

El alcalde rechazó hacer declaraciones y se limitó a confirmar que había recibido la notificación. Fue el presidente de la Diputación, el también socialista Valentín González Formoso, quien desveló ayer, antes del pleno de la institución provincial, que el juzgado había archivado la causa contra Sacristán.

El archivo de las diligencias se produce pasados casi cuatro años desde que, en abril de 2012, el PP denunciara ante la Fiscalía que el monte había sido utilizado durante veinte años para la gestión de residuos por parte de una empresa con autorización del Ayuntamiento que, sin embargo, no recibía ninguna tasa a cambio. En mayo, el Ministerio Fiscal abrió diligencias de investigación penal sobre las presuntas irregularidades en el uso del suelo. En julio de 2012, el juzgado citó a declarar al alcalde en calidad de imputado.

El alcalde y el empresario presentaron en diciembre del mismo año ante el juzgado que instruía la causa un estudio que negaba la existencia de materiales contaminantes en el monte. El informe sostenía que, en 34 calicatas realizadas en el terreno, se comprobó que los materiales acumulados eran inertes y no contaminantes. El regidor alegó, además, que el vertedero, muy próximo a la Casa del Concello, "era público y notorio" y "no hubo premeditación ni alevosía" y que él no estaba en la comisión de Gobierno que en 1995 dio autorización para acumular restos en el monte.