Llevaban en funcionamiento alrededor de un año y medio pero nunca solicitaron licencia de actividad y hace meses que dejaron de pagar al Ayuntamiento la renta por ocupar sus respectivas naves en el vivero municipal de empresas en el polígono de Iñás. Ante esta situación el Concello ordenó el pasado mes de marzo el cese de actividad de las dos sociedades, Garaje Temático, dedicado a la reparación de motocicletas clásicas; y de A Tenda do Granxeiro, una empresa de distribución de alimentos gallegos.
En el caso de Garaje Temático, situado en la nave número 5 del vivero, tiene sin abonar los meses de noviembre y diciembre de 2015 así como desde enero hasta abril de este año, en total 2.933 euros.
El Concello notificó a la Policía Local para que informe de si el propietario ha cumplido la orden de cese, con orden de precintar el local en caso contrario. El Ejecutivo también desconoce si se realizaron obras dentro del interior de la nave, para lo que se requeriría también permiso.
El grupo de Gobierno además ha iniciado el expediente de resolución de contrato a este empresario, no solo por la falta de abono del canon sino también por la inexistencia de tramitación de licencia de actividad. Como primera medida ya se le incautó el aval que depositó inicialmente como garantía, que ascendía a 1.615 euros (no cubre la deuda total). El Concello le otorgó un plazo de diez días para presentar alegaciones. En la Junta de Gobierno Local de hoy miércoles se debatirá si se ratifica este expediente de resolución de contrato.
En el caso de A Tenda do Granxeiro, en la nave número 6 del vivero, fue el propio representante de la empresa el que el pasado mes de abril comunicó que en un plazo de quince días desalojaría el local y lo entregarían al Concello.
El Ejecutivo ya le había solicitado la aportación de licencia de actividad, que luego comprobó que tampoco tenía. También determinó que tenía varios meses de alquiler (unos 323 euros mensuales) sin abonar, y que desde el mes de enero de este año sumaban ya 1.970 euros. En este caso también se resolvió ordenar el cese por desarrollar una actividad "de forma ilegal" y por impago del canon, y sin perjuicio de una posible sanción. Se acordó además incautarle la fianza que había depositado en agosto de 2014 por 1.615 euros.
El Gobierno local entiende que podía renunciar a la actividad sin ser sancionado ni incautársele la garantía, salvo si tenía deudas, que es lo que ocurrió. También se le dio diez días de plazo para presentar alegaciones.
