El arreglo de una bomba de saneamiento, la limpieza en un colegio, una mano de pintura a una dependencia municipal, la reparación de una farola después de que un coche chocara contra ella o el arreglo de un pozo de saneamiento... Y así hasta sumar unas 150 facturas, desde el año 2013 hasta febrero de 2016, y que en total suman 156.484 euros. Para poder abonar estas facturas pendientes el Gobierno local de Sada propuso un reconocimiento extrajudicial de crédito, que el pleno aprobó ayer por unanimidad.

Estos abonos correspondían a obras y actuaciones que en su día se realizaron sin contar con consignación presupuestaria y que ahora se imputan al presupuesto de 2016, sin perjuicio de que cuando se apruebe la liquidación de 2015 se puedan imputar a dicha liquidación. El alcalde, Benito Portela, adelantó ya que la liquidación del ejercicio pasado, a punto de presentarse, es positiva en más de medio millón de euros. Son casi todas de pequeño importe, entre 200 y 2.000 euros.

La más importante es la correspondiente a la aportación que el Ayuntamiento tiene que realizar al Consorcio As Mariñas para sus actividades y que suma 50.000 euros. Es la aportación del año pasado, que no se pudo hacer efectiva al tener el presupuesto prorrogado. Otra factura de mayor importe es la del abogado del Concello, 17.000 euros.

También se acordó darle la segunda prórroga a la cooperativa que gestiona la escuela infantil municipal Florita Ramos. El contrato se adjudicó en 2006 por ocho años con posibilidad de dos prórrogas de dos años cada una, doce en total. Este mes de julio finaliza la primera prórroga y la empresa solicitó la segunda, que terminará en 2018.

El Gobierno presentó una moción para reclamar la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de tren de Angrois que fue aprobada con la abstención del PP. En la sesión estuvieron presentes miembros de la plataforma de víctimas del siniestro.

El Ejecutivo también dio cuenta del auto judicial que obliga a Sada a depositar un aval de 4 cuatro millones por posibles indemnizaciones tras anularse la licencia de dos edificios y que criticó su inacción por no ejecutar derribos. El edil de Urbanismo, Fran Montouto, explicó que antes del auto ya habían iniciado trámites para ejecutar la sentencia y así se lo comunicaron al juzgado, que el pasado día 22 ya dictó providencia que da por cumplida la primera parte, la realización de trámites para cumplir la sentencia. Con respecto a la segunda, el aval, el Ejecutivo recurrió ese auto porque cree que no debe imputarse al Concello dicha responsabilidad.