El Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña ha condenado a una trabajadora de Sada a cuatro meses de prisión y una multa de 1.080 euros por un delito de falsedad en documento oficial al considerar probado que presentó un título falso para optar a la plaza de coordinadora del centro de formación ocupacional. A la hora de imponer la pena, el juez ha tenido en cuenta las dilaciones en el proceso, que se inició en 2008 y que no son imputables a la acusada.

La trabajadora, que ha recurrido el fallo, alegó sin éxito que obtuvo el título en Venezuela, pero que dejó en manos de un bufete de este país la homologación, un trámite por el que pagó 400 euros. Aseguró a la juez que entregó al despacho el título original y que a raíz de la denuncia hizo gestiones para poder acreditar que había realizado los estudios, pero que la escuela en la que los cursó ya no existe. El Concello, que ejerce la acusación particular, no prevé tomar ninguna medida cautelar contra esta trabajadora hasta que la sentencia sea firme.

La juez considera que el alegato de la acusada no es "creíble" y en base a los informes periciales y las consultas al consulado de Venezuela y otras instancias considera probado que falsificó un certificado de homologación de un título universitario obtenido en Venezuela que la habilitaría como ingeniero técnico en informática para optar a la plaza convocada en 2005 y para la que se precisaba estar en posesión de una diplomatura.

La magistrada considera inverosímil que la acusada entregase al bufete el título original "y no una copia compulsada como sería lógico" y que abonase 400 euros "sin solicitar ningún tipo de recibo". "Más increíble resulta que, sin arraigo ni familia en Venezuela, hallándose en su poder el título original y el certificado de notas, se trasladase a Venezuela encomendando a un bufete la homologación de su título ante las autoridades españolas, esto es, que encomendase a un bufete de Venezuela una gestión a realizar en España", incide en la sentencia.

La juez considera además "carente de toda lógica" que la acusada no ejercitase acciones contra el bufete a pesar de que "estaba en juego su actividad laboral". "La única conclusión que puede alcanzarse [...] es que la acusada confeccionó un documento mendaz con la finalidad de acceder a la plaza", concluye. La trabajadora, que ya era empleada de Sada antes del proceso selectivo de 2005, ha sido absuelta del delito de intrusismo.