Seis familias de Veigue asistieron ayer al pleno de Sada con pancartas para exigir medidas que eviten el derribo de sus vivienda. Los propietarios de las casas, que fueron construidas en el terreno que ocupaba una antigua granja de conejos, se enfrentan desde hace años en el los tribunales con la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que en 2012 ordenó la demolición de las casas por ocupar suelo rústico de protección forestal y carecer de licencia. Una sentencia de primera instancia les dio la razón al entender que las irregularidades en las obras ejecutadas habían prescrito al pasar al menos seis años desde su ejecución y la incoación de un expediente por parte de la APLU.

El fallo fue revocado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los magistrados consideraron probado que las obras se ejecutaron entre el año 1998 hasta al menos el año 2007, por lo que no habrían transcurrido los seis años que estipula la ley.

Este grupo de propietarios, que adquirió la granja en 1998 para su conversión en viviendas, asegura que el por entonces alcalde, Ramón Rodríguez Ares les dio permiso verbal para ejecutar los trabajos, denuncian que llevan más de 11 años pagando sus impuestos y exigen al Concello un "certificado de antigüedad" que les permita pedir la revisión de sentencia. Los propietarios aseguran que el Ayuntamiento dispone de informes policiales que prueban que los trabajos finalizaron en 2001. El PP preguntó ayer por este asunto en pleno. El Ejecutivo sostuvo que el caso es competencia de la APLU y no del Concello, que no tiene competencias en este asunto, que ya ha sido juzgado.