El Ayuntamiento de Miño es el único de la comarca que sigue sin presupuesto de 2016 pese a disponer de un gobierno con mayoría absoluta. El Consistorio lleva con las cuentas prorrogadas desde el año 2014 y se resiste a poner fecha a la presentación del proyecto contable.
La ausencia de presupuesto es consecuencia, en parte, de la anómala situación contable a la que se enfrente este pequeño municipio costero, paradigma del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y es que Miño es el concello del área con la situación económica más delicada debido a la millonaria deuda con los expropiados por Fadesa. El Concello debe 21 millones en total -cuatro veces su presupuesto- y ha aceptado un préstamo al Estado para saldar la deuda principal: 12,5 millones.
El Concello, que tramita actualmente los pagos de la deuda principal, debe elaborar un plan económico-financiero que recoja las medidas precisas que garanticen la devolución del préstamo en el plazo estipulado (ocho años y dos de carencia). Un trago difícil para el que todavía no ha fijado fecha pese a que Intervención recomendó aprobarlo cuanto antes.
El alcalde, Ricardo Sánchez, afirmó el pasado viernes que trabaja ya en la elaboración del documento, pero sin aportar datos sobre las medidas de ahorro que incluirá más allá de insistir en que no subirá impuestos ni recortará servicios. Una afirmación que contrasta con las conclusiones que plasmó por escrito el anterior interventor en su plan de ajuste, que recogía subidas de impuestos y recortes en ayudas para poder afrontar un préstamo que duplica el presupuesto anual.
El Concello no solo no ha elaborado el plan de ajuste ni desvelado las medidas de ahorro que pondrá en marcha para devolver el crédito, sino que todavía no ha conseguido frenar la sangría de intereses de la expropiación, que suben a un ritmo de 900 euros al día, según el Concello (1.400 euros, según los cálculos del PSOE). El Ejecutivo anunció el pasado viernes que los afectados habían comenzado a cobrar y confirmó el pago de 20 sentencias por un importe total de 1,6 millones. La oposición acusó ayer al Gobierno local de mentir y aseguró que los técnicos todavía no han tramitado ningún pago transcurridos ya más de cinco meses de la concesión del préstamo. Expropiados consultados ayer por este diario tampoco han recibido tampoco ninguna notificación de pagos.
