La Xunta agota otro mandato sin despejar el futuro del polígono de Morás, el parque empresarial que gestó en 2001 y que aspiraba a convertir en el "motor económico" de la comarca. Tras tres años sin consignación presupuestaria, el Gobierno gallego incluyó una partida de un millón de euros en las cuentas de 2016 para, supuestamente, reactivar las obras. Traspasado el ecuador del ejercicio y concluido el mandato autonómico, los trabajos continúan paralizados.
Este polígono, que los políticos aspiraban a convertir en el "más grande de Galicia", no ha salido a relucir en la precampaña. Y ningún candidato ha pisado de momento la zona para fijar plazos para su puesta en marcha.
La gestación de este polígono deja en entredicho la planificación industrial del Gobierno gallego en la comarca. La Xunta presumía hace una década que las parcelas serían un imán para los empresarios por sus buenas comunicaciones y por su cercanía al puerto exterior. Aunque su futuro había sido vinculado inicialmente a Langosteira, la Administración optó contra todo pronóstico por declarar el polígono privado de Vío como plataforma logística de la dársena exterior. Este golpe de timón arrinconó aún más a Morás. El polígono ha absorbido ya cerca de 80 millones de euros. Y la campaña de ventas de la Xestur todavía no ha dado frutos.
E2001: "El polígono de Morás será realidad en dos años". El parque empresarial comenzó a gestarse hace quince años. En 2001, el Concello de Arteixo y el Instituto Galego de Vivenda e Solo suscribieron un convenio para la "construcción del parque empresarial más grande de Galicia". Fue el Ayuntamiento, gobernado por el popular Manuel Pose, el que solicitó la colaboración del IGVS por la "necesidad de suelo industrial para responder a la demanda en el municipio". "El polígono de Morás será una realidad en dos años", vaticinaba entonces la Xunta. Las cláusulas del convenio no tardaron en despertar las críticas de la oposición en Arteixo. El convenio obligaba al Concello a garantizar el saneamiento y abastecimiento del parque empresarial y a financiar el 50% de los servicios y el 10% de las obras de urbanización si quería tener derecho al 10% de aprovechamiento urbanístico que le correspondía por ley. A día de hoy, este punto sigue envuelto en una nebulosa. La Xunta apeló inicialmente a un cambio legislativo para negar a Arteixo los 90.000 metros cuadrados que le correspondían y posteriormente matizó que "se estaba negociando".
EContradicciones en la clasificación del suelo. El proyecto suscitó quejas de los expropiados y de los vecinos del entorno, temerosos del impacto de la construcción de un parque empresarial de 1,5 millones de metros cuadrados. La plataforma de afectados recurrió el proyecto por su impacto en una zona clasificada en su mayor parte como rústica de protección forestal. Los vecinos incidían en que el decreto que regulaba los proyectos sectoriales recogía expresamente que "en suelo rústico quedaban prohibidas las actuaciones que resultasen incompatibles con los valores ecológicos, medioambientales y paisajísticos". Un informe municipal clasificó el ámbito como "suelo urbanizable sin especial protección" pese a que el proyecto sectorial aprobado en 2005 constataba que la mayor parte del terreno afectado era no urbanizable de protección forestal. La empresa que redactaba en aquel momento el PGOM de Arteixo y, a su vez, el proyecto sectorial (Ciisa), zanjó la controversia alegando que el suelo ya no mantenía los usos que justificaban la clasificación.
EBaja temeraria, sobrecostes y un proyecto caducado. La Xunta adjudicó en mayo de 2008 las obras de urbanización del polígono de Morás a la unión temporal de empresas compuesta por Puentes y Calzadas y Daviña. Los trabajos salieron a licitación por 522 millones y se adjudicaron por 33. El plazo de ejecución era año y medio. Han pasado 8 años y el plazo de finalización sigue en el aire. La obra sufrió varios parones y la Xunta tuvo que inyectar seis millones en sobrecoste, que justificó por la baja temeraria. El Gobierno gallego supeditó a la venta de parcelas la finalización de los trabajos, pese a que el plan sectorial recogía que las obras deberían estar finalizadas a más tardar en julio de 2011. El proyecto sectorial estipulaba parque caducaría "en el supuesto de que por causa imputable al titular de las obras se incumplan los plazos previstos para su inicio o terminación, o sean interrumpidas por tiempo superior al autorizado sin causa justificada; salvo obtención previa de la correspondiente prórroga por la Consellería que tramitó el proyecto y que, en ningún caso, podrá ser superior a la mitad de los plazos que inicialmente se hubiesen fijado".
