La insólita situación del colegio O Mosteirón, en Sada, trae de cabeza desde hace años a la asociación de padres, que ha alertado reiteradamente de las dificultades a las que se enfrenta para garantizar algo tan básico como la luz y el agua del centro. La situación lejos de solventarse se enreda cada vez más y el ANPA amenaza ahora con movilizarse tras sufrir varias amenazas de corte de suministro durante el último curso.
Padres y alumnos llevan años atrapados en una maraña legislativa, que sigue sin desenredarse debido a las discrepancias entre Xunta y Concello sobre qué Administración debe hacerse cargo del centro. Lo sorprendente del caso es que el Concello quiere asumir la competencia y la Xunta no solo no se opone a su pretensión sino que deja claro que le corresponde al Ayuntamiento hacerse cargo del mantenimiento del centro. La sintonía, lejos de suponer el fin del conflicto, no hace más que agravarlo.
Para entender esta anómala situación hay que remontarse a 2006, cuando el centro fue transferido del Instituto Social de la Marina a la Xunta. Al tratarse de un centro autonómico, los servicios jurídicos municipales no han permitido nunca al Concello asumir los gastos de mantenimiento. Los reparos de los técnicos a permitir que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los costes de un edificio que no le pertenece y la negativa de la Xunta asumir los gastos obligó al colegio a destinar la aportación para material educativo a pagar facturas de agua y luz. El centro recurrió a esta anómala situación durante casi una década, a costa de un remanente cada vez más exiguo.
El Concello inició en enero un expediente de competencias impropias para hacerse cargo del mantenimiento. El Gobierno local inició los trámites a propuesta de los servicios jurídicos, que consideraron que era la única opción para esquivar los escollos que planteaba la ley de régimen local.
La Xunta remitió la pasada una semana al Concello un escrito en el que denegaba su petición. El Gobierno gallego se basa en una disposición de la Ley Orgánica de Educación que establece que la conservación y mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos de educación corresponden al municipio.
La negativa de la Xunta ha caído como un jarro de agua fría en los padres. El Concello insiste en que la ley de régimen local no permiten asumir los gastos del edificio en esta situación y avanzan que analizarán otras vías. El Gobierno gallego recalca que el Ayuntamiento "deberá hacerse cargo del mantenimiento" y asumirlo "competencia propia". Su respuesta contrasta con lo que mantenía el PP local, partidario de que la Xunta aumentase su aportación para solventar el problema.
