El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado el recurso del Concello de Sada y ha revocado la orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de depositar cuatro millones de euros para garantizar la indemnización a los perjudicados por la demolición de dos edificios con 58 viviendas cuya licencia fue anulada. Se trata de dos bloques en la avenida Sada y sus Contornos y camino de Fiunchedo que fueron construidos por O Meu Lar e Inversiones Cabrales tras obtener en 2005 el permiso del gobierno presidido por Ramón Rodríguez Ares.

El Superior ha atendido el recurso del Concello, que alegó que había iniciado el expediente sancionador en abril de 2016 (casi dos años después de la orden del juzgado) y que había empezado los trámites encaminadas a ejecutar el derribo, que se encontraban paralizados por el inicio de un procedimiento de legalización por parte de una comunidad de propietarios. El Ayuntamiento alegó también que la atribución de responsabilidades no puede hacerse de forma exclusiva al Consistorio sin tener en cuenta a la promotora y apeló a la presunción legal de solvencia de la Administración para hacerse cargo de las posibles indemnizaciones. La sala ha admitido el recurso en el extremo de que no cabe exigir el depósito de una cantidad concreta de dinero sin conocer quiénes pueden ser los terceros de buena fe y la afectación en sus derechos. Por este motivo recova la obligación de constituir un depósito y da un plazo de tres meses al Concello para que proceda a identificar a los compradores de las viviendas para requerirles la aportación de los títulos y comunicar al juzgado los datos obtenidos.