La Xunta allana el camino para la implantación en el polígono de Teixeiro de una planta de biomasa que quintuplica la potencia permitida actualmente. La planta de Renova de 50 megavatios acaba de recibir el espaldarazo implícito de la Xunta, que tramita la derogación del decreto aprobado polo bipartito que regulaba el sector.
El cambio ha sido recogido con satisfacción por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) y con alarma por colectivos ecologistas como Adega, que habían alegado contra esta planta y que ya manifestaban hace meses sus sospechas de que el Gobierno de Núñez Feijóo tenía "en la recámara una modificación del decreto 149/2008 para liberar la potencia de las centrales de biomasa".
La derogación del decreto que regulaba el sector ha sido incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017. Desde hace ocho años, la Administración autonómica impone la necesidad de un concurso público y la imposibilidad de instalar plantas de más de 10 MW (megavatios). El Gobierno gallego impuso este tope apelando a la necesidad de ajustar la potencia al combustible disponible en las distintas áreas geográficas y evitar que se provocase un efecto llamada. El decreto, aún en vigor, establecía un máximo de 10 megavatios por planta y 80 en el conjunto de Galicia.
La planta que Renova prevé en Teixeiro comenzó a tramitarse en 2009. Inicialmente la empresa planteaba una potencia de 10 megavatios, pero la tramitación quedó en suspenso sin aclararse nunca los motivos. La compañía resucitó el proyecto en la antesala de las últimas elecciones gallegas. El 22 de septiembre la Consellería de Medio Ambiente inició los trámites de exposición pública para evaluación del proyecto ambiental de la planta, ya de 50 megavatios. Los colectivos ecologistas como Adega o Arco Iris anunciaron alegaciones contra una central que quintuplicaba la potencia máxima permitida y no ocultaron sus sospechas de un pronto cambio normativo.
Según el proyecto presentado por Renova, la planta de combustión de biomasa consumiría alrededor de 568.000 toneladas al año recolectadas fundamentalmente en la provincia. La compañía prevé crear cuarenta puestos de trabajo y minimizó los efectos de la puesta en marcha de la central, más allá de admitir que un fallo "muy poco probable" en el funcionamiento de las instalaciones podría originar "un impacto de elevada magnitud sobre la calidad atmosférica, liberando al medio gran cantidad de gases y partículas".
La implantación de esta planta en terrenos incluidos en la Reserva de la Biosfera fue acogida con satisfacción con el Concello de Curtis, que confía que sea un revulsivo económico y que contribuya al despegue del parque empresarial de Teixeiro. Mucho menos optimistas se han mostrado los colectivos ecologistas. Su temor por el impacto de esta central ha dado paso a la indignación tras desvelar la Xunta su intención de liberalizar el sector de la biomasa.
El colectivo ecologista Adega acusaba ayer al Gobierno gallego de "dar carta blanca a Ence para llenar Galicia de cultivos energéticos" y traer una nueva "oleada recauliptizadora". La asociación incide en que el decreto que regulaba el sector pretendía ajustar la potencia máxima al combustible disponible, es decir, que la quema de biomasa en pequeñas plantas fuese un complemento a la explotación del monte y no un fin en sí mismo.
Adega alerta de que a partir de ahora la patronal energética podrá promover plantas que precisarán ingentes cantidades de biomasa que quemar y que se valdrán para ello de cultivos energéticos como el eucaliptus nitens. Alerta de que la presión de estos cultivos sobre los ecosistemas será "brutal" y que supondrá un empobrecimiento de la biodiversidad y del suelo y pérdida de tierras agrícolas productivas.
