El Registro de la Propiedad ha respondido con dureza a la petición del Concello de Sada de inscribir la sentencia judicial firme que anula las licencia concedida en 2005 y ordena el derribo de dos edificios con 58 viviendas de la avenida Sada y sus Contornos y camino de O Fiunchedo. Este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento, al que culpa de dejar en una situación de "indefensión" a los compradores de buena fe por no solicitar en su momento que constase en el Registro una anotación preventiva de la demanda, que se interpuso en 2005, alcalde Ramón Rodríguez Ares como alcalde.

En un escrito inusualmente duro, la Dirección General de Registros y del Notariado afea al Ayuntamiento que hubiese privado al adquiriente "de la oportunidad de conocer el procedimiento judicial". "Los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, tutela judicial efectiva y equidad impiden una decisión intempestiva que prive de su propiedad y arroje fuera de su domicilio a quien lo ocupa fundado en un acto administrativo que se ha anulado años después de terminar las obras sin una advertencia previa de la amenaza que se cernía sobre su derecho y sin una previa indemnización", afirma el registrador de Betanzos.

En un informe que ha publicado ahora el Boletín Oficial del Estado, este organismo estatal advierte de la incongruencia que se derivaría de aceptar ahora la petición "intempestiva" del Ayuntamiento. "Resultaría curioso que el Estado a través de uno de sus órganos, el Registro de la Propiedad, tranquilice a los compradores asegurándoles que pueden comprar sin problema alguno las viviendas que pretenden adquirir, ya que al estar inscritas implica que no hay ningún problema civil ni urbanístico, para que al cabo de los años el mismo Estado, esta vez a través de sus órganos de Justicia, le diga que lo que le había dicho años atrás era una broma de mal gusto, y que su vivienda realmente es ilegal y que debe buscar otra, que por supuesto el Estado le va a garantizar que esta vez sí, que es legal".

El Concello, gobernado ahora por Sadamaioría, BNG y PSOE, se defendió alegando que en 2009 -ya en el mandato del nacionalista Abel López Soto-, el Ayuntamiento publicó sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia para notificar a los titulares ante la imposibilidad de avisarles personalmente por desconocer su identidad y paradero. El Concello afirma que fue el juzgado el que propuso la alternativa y recalca que previamente había solicitado la colaboración del Registro, que se negó a facilitar los datos personales de los titulares.

La Dirección General de Registros ha rechazado la alegación del Concello e insiste en que debería haberse advertido en su momento de la demanda. El organismo argumenta que la negativa del registro a facilitar datos en 2009 debería haber sido recurrida en su momento y mantiene su propósito de inscribir solo la sentencia firme de anulación de licencia en la propiedad de las promotoras, pero no en el resto de los pisos hasta que los titulares "sean oídos y puedan alegar".