28 de marzo de 2017
28.03.2017
SADA

Golfo Ártabro paraliza el proceso que ganó una concejala para pedir informe a la Xunta

La junta acuerda parar el procedimiento ante las dudas legales - El presidente del GALP reconoce que las bases "no eran nada buenas", pero niega "mala intención"

28.03.2017 | 01:06
La renuncia de la concejala, a pleno este jueves.

La junta directiva del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Sur celebró ayer una reunión extraordinaria en la que acordó paralizar el proceso selectivo que ganó la edil del PP Nuria Castro para solicitar un informe a la Consellería do Mar. Su presidente, Andrés García Boutureira, confirmó ayer a este medio la decisión y sostuvo que la junta directiva se había limitado a ratificar la decisión adoptada previamente el órgano de contratación. "No vamos a dar un paso hasta que se aclare", garantizó el máximo responsable de este entidad colaboradora de la Xunta.

La paralización del proceso llega después de que trascendiese que la concejala había logrado la mejor puntuación y había sido propuesta para el puesto pesar de que las bases prohibían expresamente que optasen a la plaza cargos electos de la Administración Local. El presidente del GALP admite que las "bases de contratación no eran nada buenas" y apela a la existencia de contradicciones, entre ellas que el requisito apareciese entre los de carácter general, pero no en los específicos del puesto técnico. "No hubo mala intención", recalcó.

A raíz de la polémica, el Grupo de Acción Local desveló ayer que había encargado un informe jurídico que deja en entredicho la legalidad de que las bases, en concreto en lo relativo a que se impidiese optar al puesto a cargos electos de la Administración Local al entender que podría vulnerar un derecho constitucional.

La solución se antoja complicada. Si la Xunta avala las conclusiones de los juristas contratados por el GALP, lo más probable es que tenga que repetirse el proceso por incluir una base irregular que pudo haber desanimado a otros aspirantes a presentarse. En caso de que los servicios jurídicos autonómicos confirmen la procedencia de la base, los técnicos tendrían que pronunciarse también sobre la posible exclusión de la concejala del proceso por incumplir la norma.

El informe de la Xunta deberá arrojar luz también sobre otros extremos del proceso. Entre ellos, si la concejala llegó a presentar la declaración jurada incluida en las bases conforme "no desempeñaban ningún cargo electo en ninguna administración local". El PSOE de Sada llamó ayer la atención sobre este punto en un comunicado en el que avanzó la postura de los representantes de los concellos adscritos al GALP que forman parte de su partido. La formación, que recalcó que no estaba representado en la comisión de baremación -el exedil José Garrote formaba parte el representación del colectivo Amisada- exigió no solo que se paralizase el proceso hasta disponer de informes de Xunta o Diputación, sino que se aclarase también si la concejala elegida "había falsificado un documento público".

Reacciones de todos los partidos

La elección de Nuria Castro para el puesto técnico del GALP pese a incumplir uno de los requisitos generales de las bases provocó una tormenta política en Sada. El PP defendió a la concejala, que ha presentado ya por registro su dimisión. Los populares sostuvieron que la edil estaba en paro y que durante los últimos meses se había presentado a varios procesos selectivos y defendieron que bastaba con su renuncia a posteriori para no incurrir en una incompatibilidad.

El Concello, que tenía un representante en la comisión de valoración - Liss Becerra - celebró una reunión para consensuar un escrito de impugnación que remitió al GALP. El Ejecutivo exigió la exclusión de la edil dado que las bases establecían que no podían presentarse cargos electos y advirtió "de las responsabilidades en las que, en su caso, pudiese haber incurrido por su declaración jurada". En Marea ha llevado el caso al Parlamento para que mueva ficha la Xunta.

El PDSP fue un paso más allá y trasladó los hechos a Fiscalía. Sada Popular no solo denunció que la edil incumplía las bases sino también su relación de parentesco con el presidente del Grupo de Acción Local (son primos). Boutureira negó cualquier trato de favor y alegó que se había ausentado de la entrevista personal. La Xunta avanzó a este medio que tomará medidas si detecta cualquier irregularidad.

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