La Diputación aprobó ayer en pleno con el apoyo de todos los grupos menos el PP, que se abstuvo, una moción para reclamar al Gobierno central que frene una disposición incluida en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2017 -pendiente de aprobar- que amenaza la recuperación de la gestión pública de los diez parques comarcales de bomberos. La iniciativa, presentada por Marea Atlántica y Compostela Aberta, pide a los grupos con representación en las Cortes Generales que dejen sin efecto el contenido de la disposición ya que podría obstaculizar el proceso iniciado para que la gestión de los servicios de bomberos vuelva a ser pública, con informes técnicos ya emitidos que avalan el ahorro y la viabilidad jurídica de devolver las emergencias a manos públicas.

El texto de la moción rechaza el "intento de interferir en la autonomía de la administración municipal" que "pretende dificultar los procesos de remunicipalización y gestión pública de servicios externalizados a través de concesiones administrativas". Además, insta a la Federación Galga de Municipios y Provincias (Fegamp) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a "manifestarse en contra" de la disposición adicional. El Gobierno provincial confía en que las medidas iniciadas desde diferentes entidades logren revocar la norma estatal. De lo contrario, resultaría necesario encargar informes jurídicos que aclarasen si, en efecto, la disposición impide la recuperación de la gestión pública de servicios.

El portavoz de Compostela Aberta, Manuel Dios, que expuso y defendió la moción, recordó que "está en marcha el proceso de reversión del servicio público de bomberos", con la concesión prorrogada tras vencer el periodo del contrato, y denunció el "intento de boicot a los procesos emprendidos por numerosos concellos en los últimos años, no solo de izquierdas", señaló, y nombró como ejemplo a Arteixo, concello gobernado por el PP que remunicipalizó el servicio de agua. "La disposición pondría en serias dificultades la recuperación del servicio y la integración en el consorcio provincial", señaló, y auguró problemas también para recuperar la gestión del Teatro Colón. "No buscamos la obligación de remunicipalizar, sino que se respete que los concellos decidan cómo quieren prestar los servicios", aseguró.

Marea Atlántica consideró "incomprensible la obsesión del Gobierno central de asfixiar a los concellos" y sostuvo que "la disposición es un ataque directo a otro modelo de gestión que no sea el neoliberal". El BNG suscribió las intervenciones anteriores y añadió en que "se obliga a ser excesivamente austeros" a los ayuntamientos en contraste, sostuvo, con la gestión estatal. Destacó también que la flexibilización del marco de actuación de los ayuntamientos "la están reclamando desde múltiples colores políticos".

Agustín Hernández sostuvo que se trataba de "una moción trampa" ya que "la disposición tiene un objetivo diferente: pretende evitar la entrada por la puerta de atrás de personas en la Administración pública, una demanda histórica de los funcionarios". "Estamos dispuestos a hablar de la tasa de reposición de efectivos en la Administración", afirmó el popular.

La disposición pone en riesgo la recuperación de la gestión directa de los parques de bomberos, reclamada por los efectivos de emergencias el principio de la explotación privada, cuando los informes emitidos daban su visto bueno al procedimiento. La Xunta, que se había mostrado partidaria de mantener el servicio desempeñado por concesionarias, aseguró que apoyaría la recuperación del servicio si se garantizaba que no supondría un mayor coste y que se podría mantener a la plantilla actual, puntos que resultarían factibles, según consideraron los técnicos provinciales.

Sin acuerdo por el transporte

La moción del PP de "apoyo a la modernización del transporte público y a la mejora de la movilidad en Galicia" fue la que generó el mayor debate de la sesión plenaria. Y concluyó sin acuerdo. Solo los populares apoyaron la iniciativa, que todos los demás grupos votaron en contra.

"Para que no haya personas sin autobuses ni autobuses sin personas", defendió Hernández. El popular abogó por "ajustar la oferta a la demanda" para tener "concesiones más operativas y funcionales".

"Estamos en un momento de oro, tras la sentencia que obliga a sacar a concurso las concesiones de los buses caducadas. Y ahora se dedican a decir mentiras y engañar y pretenden que paguemos los concellos el bus para los jóvenes que utilizaron electoralmente cuando los concellos de menos de 50.000 habitantes no tenemos competencias", defendió el diputado de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. El socialista y alcalde de Culleredo Julio Sacristán instó a "dialogar" para "solucionar los problemas" con las concesiones y criticó que la única participación que permitió la Xunta fue "enviar a los concellos el cuestionario de la empresa para que les hagamos el trabajo y después se les pague". Compostela Aberta criticó que el PP de nuevo "pida aprobar un gasto competencia de la Xunta" y Marea reclamó a la Xunta "sentarse a hablar". El BNG criticó que "en estos años de Gobierno del PP hay menos buses y menos líneas".