Uno de los tres afectados por las contribuciones especiales que Cambre aplicará para urbanizar el frente de tres casas en la calle Sixto estudia recurrir a la justicia. El vecino critica que el Gobierno local les exija ahora que asuman el 90% del coste de la obra -12.000 euros en total, que pagarán entre tres propietarios- cuando no se le exigió para la concesión de la licencia de primera ocupación, emitida en 2014. El Ejecutivo municipal impondrá a los vecinos el pago del 90% del coste de los trabajos a través de las contribuciones especiales, una figura que nunca se había utilizado en Cambre, de acuerdo a la propuesta aprobada en pleno este jueves por el Gobierno local y con la oposición en contra.

El propietario de una de las viviendas, Roberto Tejedor, cree que la medida es "una represalia" por las numerosas protestas que remitió al Concello a través de diversos medios, desde correos electrónicos hasta escritos por registro o avisos en la aplicación móvil de incidencias de obras y servicios. Fue a través de esta herramienta como Tejedor recibió la única respuesta a sus demandas: "Me contestaron algo así como que se estaba estudiando una solución que se me comunicaría en poco tiempo. Y me enteré de lo que van a hacer por la prensa". Tejedor critica que se le obligue ahora a asumir las obras cuando "en su momento no me lo reclamaron para darme licencia de primera ocupación". "No tenemos culpa de que en su momento se lo saltaran", apunta. El concejal de Urbanismo, Juan Leirós, sin embargo, sostiene, como explicó en el pleno, que todo propietario tiene obligación de urbanizar su frente.

El afectado censura también que se justifique la obra por la revalorización que supondrá para su vivienda. "Que no digan que hay plusvalía cuando hay una devaluación anterior, porque tuve que ceder unos 100 metros cuadrados de los más de 700 que tenía mi finca", señala el propietario.

Tejedor sostiene que la medida "roza la prevaricación", es "arbitraria" y se toma como "represalia", defiende. "No pueden tomar una decisión así de arbitraria, con carácter retroactivo y perjudicial", asegura. El propietario advierte de que la medida "puede sentar un precedente y se puede acabar exigiendo a los vecinos que paguen la renovación de alumbrado público".