El pleno de Miño aprobó esta mañana, con los votos en contra del PSOE, un Plan Económico Financiero de 2017 a 2018 para hacer frente a los gastos de la devolución del préstamo de 12,5 millones millones que le hizo el Estado para afrontar el pago a los expropiados de Fadesa. En este plan del Gobierno local se incluye una subida del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, de 0,50 a 0,60, un 20%. La tasa de la basura subirá también el año que viene y los vecinos pagarán 10 euros anuales más.
El Gobierno local también revisará todas las subvenciones que otorga a asociaciones y entidades para "reducir sus costes", además de revisar también "las colaboraciones" con entidades privadas para organizar eventos. El Ejecutivo también ordenará a la empresa concesionaria del servicio de saneamiento que investigue qué viviendas están sin conectar a la red municipal de alcantarillado.
Otras medidas de este plan que la propia interventora calificó de "insuficientes" para hacer frente a las deudas que tiene este concello, van desde la amortización de plazas vacantes hasta el traslado de la oficina de Servicios Sociales, ahora en Rabazal, a la Casa Consistorial.
La sesión plenaria transcurrió entre insultos y gritos tanto entre el Gobierno y la oposición como entre el Ejecutivo y el público asistente.
