Empezaba el siglo XXI cuando la Asociación de Vecinos de Xarío, presidida entonces por el concejal del PP Juan Herva, sugirió el proyecto de la macrourbanización entre Perbes y Vilanova. El que fue alcalde durante veinte años, Deogracias Romeu, firmó con representantes de Fadesa un convenio mediante el que el Concello se comprometía a recalificar terrenos de protección forestal como urbanizables para uso residencial. Después vendría ya el contrato con la promotora. Más de tres lustros después de aquella decisión, Miño se ha convertido en el ayuntamiento de Galicia con el déficit de estabilidad presupuestaria más elevado de toda Galicia como consecuencia de la gestión de aquel proyecto urbanístico de 1.500 viviendas -hoy muchas sin rematar- y campo de golf.

Así figura en los datos del Ministerio de Hacienda tras la liquidación del ejercicio de 2016; 3,2 millones de déficit, muy por encima del segundo de la comunidad gallega, el concello de O Pino con un resultado negativo de 597.000 euros. El préstamo de 12,5 millones que debe devolver al Estado para poder pagar a los expropiados para ejecutar aquella macrourbanización está en el origen de este elevado déficit, unido a otras magnitudes negativas de 2016 como una necesidad de financiación de más de 11 millones de euros, exceso de gasto y exceso del límite de deuda, además de un ahorro negativo de 1,2 millones.

Los gestores municipales, lejos de la prudencia tras el batacazo de la urbanización Costa Miño, insistieron años después con la urbanización Piñeiro, y el Concello debe devolverle a los promotores tres millones de euros, también a plazos.

El Plan Económico Financiero aprobado en el pleno del pasado martes en Miño incluye subida del IBI, aumento del recibo de la basura y reducción de subvenciones entre otras medidas. Si el recibo de la basura subirá 10 euros al año, los vecinos del municipio también van a notar el impacto en el recibo de la contribución urbana al aumentar un 20% el tipo impositivo. El IBI les supondrá una subida de unos 30 euros. Un recibo medio de 152 euros pasará a aumentar hasta los 182 euros.

El Gobierno local ha fijado estas subidas en un horizonte de dos años, hasta 2018. Pero la deuda a abonar continuará hasta 2025, por lo que son más que posibles nuevas subidas graduales para poder afrontar el pago de esta deuda.

Miño sin embargo también logró datos positivos en 2016: un remanente positivo de unos 724000 euros y un plazo de pago a proveedores más que cumplido antes de treinta días.