Representantes de la Diputación provincial, los concellos de Sada y A Coruña, la Universidade y asociaciones y colectivos de Memoria Histórica, acordaron hoy en una reunión crear una Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, en oposición a la Junta Pro Pazo del Caudillo que se constituyó en 1937, encabezada por autoridades y empresarios como Barrié de la Maza para indicar a los ayuntamientos cómo tenían que hacer para que todos los vecinos aportasen para ofrecerle este inmueble al dictador Francisco Franco.
El organismo provincial que convocó el encuentro ha mostrado su "apoyo a la demanda del Concello de Sada", en su convocatoria del pleno para el sábado con el fin de instar a la Xunta que le deje gestionar las visitas al pazo. También se acordó crear "con carácter inmediato" esta Junta Pro Devolución el Pazo al patrimonio público, a la que quieren que se sumen instituciones, asociaciones, organizaciones políticas, sociales, sindicales y fundaciones, con el fin de "poner fin a la detentación de la propiedad por parte de la familia Franco". Los participantes en el encuentro ya mostraron su intención de incorporarse a esta junta.
Al encuentro en el Palacio provincial acudieron además de la vicepresidenta Goretti Sanmartín, el alcalde de Sada Benito Portela; el concejal de Cultura de A Coruña Xosé Manuel Sande; el diputado y alcalde de Pontedeume Bernardo Fernández; el vicerrector de la Universidade de A Coruña Alberto Valderruten; los representantes de Iniciativa Galega da Memoria Montse Fajardo, Luis Bará y Mila Bouzón; y los integrantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña Carlos Babío, Erik Doaño y Manuel Pérez; junto al investigador Emilio Grandío, director del proyecto Xeración Perdida de la Diputación.
Los presentes en la reunión acordaron de forma unánime rechazar que la Fundación Francisco Franco gestione el programa de visitas al pazo y condenaron las declaraciones de su presidente por hacer "apología del franquismo". También reclaman, al igual que el Concello de Sada, que se modifique la ley de fundaciones para impedir que las de este tipo sean legales si realizan este tipo de apología. Otro acuerdo alcanzado es la realización de un estudio sobre el expolio y apropiación del pazo por parte de la familia Franco y el proceso para posibilitar su devolución e incorporación al patrimonio público.
El acuerdo provincial incluye la reclamación de que se apruebe una Lei Galega da Memoria Histórica Galega para impedir el ensalzamiento de los protagonistas de la represión y que el pazo se dedique a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica.
