El Concello de Miño pretende engrosar su ya millonaria deuda con los bancos para pagar las expropiaciones de Fadesa. El Ejecutivo local ha convocado un pleno para debatir la petición de un préstamo al Estado de 1,1 millones (la quinta parte de su presupuesto) para pagar más de deuda principal que los juzgados han reconocido por sentencia a los propietarios de los terrenos ocupados por la macrourbanización Costa Miño Golf. La sesión se celebrará mañana a las 09.00 horas.
La solicitud de un nuevo crédito llega un mes después de que el pleno aprobase con los únicos votos del Ejecutivo local un plan económico financiero que, según la interventora, no recoge medidas suficientes para garantizar la devolución del primer préstamo, de 12,5 millones. El plan incluía la subida del IBI al 0,60%, aumento del recibo de la basura y reducción de subvenciones, entre otras medidas. El Ejecutivo municipal no ha aclarado de momento qué medidas adicionales de ahorro tiene previsto adoptar para garantizar la devolución de esta segunda línea de crédito en el caso de que le sea concedida.
La adhesión del Concello de Miño al Fondo de Impulso Económico para 2018 disparará aún más su deuda, que es ya la más elevada de Galicia. Tras la liquidación del ejercicio de 2016, el Ministerio de Hacienda cifra en 3,2 millones de déficit, muy por encima del segundo de la comunidad gallega, el concello de O Pino con un resultado negativo de 597.000 euros.
La interventora avala con cautelas esta segunda petición de crédito. La funcionaria admite que el Concello carece en la actualidad de margen de maniobra para afrontar su deuda con los expropiados y que está obligado a pagar los justiprecios de Fadesa cuanto antes para incurrir en responsabilidades mayores. Pese a ello, la habilitada nacional advierte de que la concertación del crédito "agravará" su situación económica. "La Corporación, en un ejercicio de responsabilidad política, deberá adoptar todas las medidas necesarias para lograr hacer frente a sus obligaciones". Su advertencia llega después de que admitiese en el último pleno que las medidas previstas por el Ejecutivo en el plan económico no eran suficientes para garantizar la devolución del préstamo de 12,5 millones.
