Ricardo Míguez todavía no se había recuperado ayer del susto. El pasado miércoles este vecino de Miño fue alertado por unos vecinos de que unas máquinas habían invadido sus fincas de O Regueiro y provocado diversos destrozos. "Cuando llegué allí me quedé asombrado, pregunté a los operarios qué estaban haciendo en mi propiedad y me dijeron que abriendo un camino", relata este miñense, que inmediatamente se desplazó hasta el Concello para exigir las explicaciones oportunas.

El asombro de este vecino fue a más cuando los responsables municipales aseguraron ignorar qué obras se estaban ejecutando en la zona. A raíz de su denuncia, el Gobierno municipal envió al lugar a la Policía Local y a los técnicos de Urbanismo para que emitiesen el informe preceptivo.

El misterio no tardó en esclarecerse y el estupor dio paso a la indignación. Según informó el Concello al denunciante, se trataba de trabajos de apertura de un vial del Camiño Inglés encargadas por la Axencia Galega de Turismo. "¿Qué clase de Administración invade las fincas de un vecino como si fuesen suyas?", se preguntaba ayer Ricardo, que mostró ayer a este diario los destrozos provocados por las máquinas en sus terrenos: "Los marcos estaban aquí", señala este vecino al tiempo que muestra la tierra removida por las obras. "Arrasaron con todo", critica.

A raíz de su denuncia, el Concello emitió una resolución para exigir a la Axencia de Turismo de Galicia la "inmediata paralización de las obras" por carecer de permiso o comunicación previa. El Concello amenaza con multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros en caso de desobediencia y "sin perjuicio de que el incumplimiento de la orden de suspensión se pueda poner en conocimiento se pueda poner en conocimiento del Ministerio fiscal para la depuración de las responsabilidades penales que pudieran dar lugar", recoge la resolución firmada del concejal de Urbanismo, el popular Agustín Andrés.

El Concello ha abierto expediente contra la empresa, Extracto SA, y la Axencia de Turismo de Galicia para la protección de la legalidad urbanística y concede a las personas interesadas quince días de plazo para presentar alegaciones. Según recoge la resolución, las obras consisten en la apertura de un camino de tres y dos metros de ancho, aunque el tramo abierto del camino alcanza casi los cinco.

La Xunta recababa ayer información sobre lo ocurrido tras ser consultada por este diario. La Axencia no pudo aclarar ayer si habían recibido ya la resolución.