El PP tumbó ayer en el Parlamento dos proposiciones no de ley de BNG y En Marea para impedir que la Fundación Francisco Franco gestiona las visitas al pazo de Meirás y encomendar esta tarea al Concello de Sada. Los populares se opusieron también a tomar medidas para ilegalizar la fundación por hacer apología de la dictadura y a instar a la Xunta a adherirse a la Junta Pro Devolución del pazo para recuperar este Bien de Interés Cultural que fue regalado al dictador tras ser adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria.

El PP votó en contra de todas las propuestas y planteó una enmienda dirigida a crear una comisión que evaluase los vicios en la adquisición del pazo y que abra las puertas a su recuperación en un futuro dado que fue adquirido mediante una cuestación "que fue de todo menos voluntaria". El PP quiso dejar claro que no es un partido franquista y que condena la dictadura como condena "cualquier vulneración del orden democrático", en palabras del popular Pedro Puy, que comparó el régimen franquista con el órdago secesionista de Cataluña, un símil idéntico a la que realizó hace unos días la Fundación Francisco Franco y que arrancó ayer en el Parlamento los aplausos de la bancada del PP.

El PP argumentó que la democracia es "respetar los derechos constitucionales de todos". "No compartimos el ideario de la fundación, consideramos que no favorece la convivencia democrática", se limitó a decir Puy, que se negó a instar la reforma de la ley de fundaciones para ilegalizar al colectivo. "Eso tienen que hacerlo los tribunales", sostuvo. El PP también se negó a declarar non grata a la familia del dictador. Los populares presumieron de su "compromiso con el cumplimiento de las leyes" y destacaron que han sido los primeros en sancionar a la familia Franco por incumplir el régimen de visitas. La multa asciende a 4.500 euros (la ley de patrimonio establece un máximo de 6.000 euros).

"Tibia", "cómplice", "timorata", "permisiva", "ambigua". Fueron algunos de los calificativos que mereció para la oposición la actitud del PP ante los incumplimientos de la ley por parte de la familia Franco y su "provocación chulesca y macarra", en palabras del BNG, al encomendar la gestión de las visitas a una fundación que pretende utilizar este recurso público para ensalzar la "grandeza" del dictador. Todos los grupos rechazaron la enmienda del PP de limitarse a crear una comisión de investigación y argumentaron que ya hay documentación suficiente que prueba las extorsiones para adquirir el pazo.

PSdG, En Marea y BNG afearon al PP que se negase a aprobar una "condena expresa" de las declaraciones "intolerables" de la fundación y de la familia Franco y que se niegue a analizar las posibilidades de cambiar la ley de fundaciones para ilegalizar el colectivo. La oposición tachó también de "ridícula" la multa impuesta a los herederos del dictador por incumplir el régimen de visitas.