Diez años después de que la Xunta iniciase los trámites para declarar Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás, la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán va camino de convertirse en un templo de fascismo. Es el objetivo que se marca la Fundación Francisco Franco que, en un careo en La Sexta con la líder del BNG, Ana Pontón, echó el pasado sábado más leña al fuego al asegurar que la "apología del fascismo" y la "defensa elogiosa" del sátrapa es "perfectamente legal" y que es lo que tiene previsto hacer con la gestión de los itinerarios por este inmueble regalado al dictador tras cuestaciones forzosas y recortes en nóminas de funcionarios.

Para esta entidad no solo es lícito "exaltar la grandeza" del dictador, también lo es "tomar el poder por la fuerza de las armas". Es la última provocación de la familia del militar golpista que, desde que en 2007 se iniciaron los trámites para declarar BIC del pazo de Meirás, ha puesto todo tipo de trabas a la apertura al público de su residencia de veraneo. Impedir la entrada a los funcionarios, incumplir el régimen de visitas, mostrar en exclusivas a la prensa rosa lugares del pazo que no pueden fotografiar los visitantes o encomendar las visitas a una fundación fascista para que exalte la "grandeza" del dictador han sido algunas de sus provocaciones.

La Xunta ha respondido con tibieza a los desafíos de los Franco, que solo se enfrenta a una multa recurrible de 4.500 euros por incumplir el régimen de visitas del BIC. El Gobierno gallego del PP defendió inicialmente que no tenían por qué abrir el pazo de Meirás, pagó dos años los gastos de seguridad y recientemente apeló al derecho a la propiedad para tumbar las propuesta que exigía la devolución Las Torres. Solo después de que la Fundación Franco anunciase que utilizaría las visitas para ensalzar al dictador y presumiese de sintonía con el PP, los populares censuraron sus declaraciones y apelaron a "vicios en la adquisición" que hacían viable la recuperación del pazo.

Feijóo carga en 2007 contra la declaración de Bien de Interés Cultural: "La Xunta no puede obligar a abrir el pazo". Hace una década, el por entonces líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, criticaba la propuesta de la Xunta del bipartito. "No es un pazo", es una "torre", alegaba el ahora presidente del Gobierno gallego, que acusaba a PSOE y BNG de desconocer los bienes culturales del territorio: "Si quieren recuperar patrimonios, que se recuperen los que corresponden a Galicia".

Los Franco se niegan a permitir la entrada de los funcionarios para inspeccionar los bienes. La negativa de los herederos del dictador a permitir una inspección de los técnicos de Cultura al pazo de Meirás para inventariar y peritar los bienes llevó en 2007 a la Xunta del bipartito a recurrir a la Justicia. En 2008, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó a los propietarios permitir la inspección.

Los herederos del dictador recurren sin éxito la declaración de Bien de Interés Cultural por el "alto coste" que le supondría. La familia Franco reclamó en 2008 en los juzgados la suspensión de la catalogación por el "alto coste" que le supondría "la vigilancia y el seguro de accidentes" por recibir visitantes cuatro días al mes y ante posibles "problemas de orden público".

La Xunta del PP accede a pagar a los Franco para que cumplan la ley y abran el pazo. El pazo de Meirás abrió sus puertas en 2011. El Gobierno de Núñez Feijóo accedió a firmar un convenio en virtud del cual la familia Franco "garantizaba la apertura" y el Gobierno gallego asumía "los costes derivados" de las visitas y hacía "cargo de la cobertura de los daños materiales que se pudieran producir [...] mediante la contratación de una póliza de seguro". Los acuerdos de 2011 y 2012 supusieron un desembolso de 53.000 euros.. Tras las críticas por el "trato preferente", Cultura anunció en 2013 que no colaboraría más.

La Xunta justifica los primeros incumplimientos del régimen de aperturas en 2012. La Consellería de Cultura atribuyó la anomalía a la renegociación del convenio. El cierre propició manifestaciones y el Valedor do Pobo reprochó a la Xunta que no respondiese a sus reiteradas peticiones de información.

2013: Nuevas denuncias por el cierre del pazo. Por segundo año consecutivo, la familia Franco vulneró la ley que le obliga a abrir el pazo a las visitas. La Xunta admitía a mediado de 2013 los incumplimientos y alegaba que había recordado por escrito a los propietarios su obligación de abrir el pazo.

Las Torres abren sus puertas... al '¡Hola!'. En agosto de 2014 la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiu, abrió el pazo en exclusiva a ¡Hola! para anunciar su separación. "Entramos por primera vez en la histórica casa familiar de Meirás", anunciaba la revista del corazón. En un amplio reportaje, la heredera del dictador posaba en diferentes lugares del pazo que no se permite fotografiar a los visitantes.

El Valedor do Pobo actúa de oficio tras denunciar un joven en silla de ruedas que le impidieron ver los salones porque podía estropear el suelo. En 2014, un joven con discapacidad que visitaba el pazo denunció que el guía le impidió entrar en los salones porque podía estropear el suelo. Su versión fue refrendada por una técnica de Servicios Sociales que le acompañaba. La denuncia motivó la actuación del Valedor. Los propietarios apelaron a la existencia de barreras en el inmueble.

El Concello de Sada pide sin éxito a la Xunta que le permita gestionar las visitas del pazo y cambia el plan general para facilitar su devolución. El cambio de gobierno en Sada en 2015, del PP al tripartito de Sadamaioría, BNG y PSOE supuso un cambio de 180 grados en la postura del Concello. El Ejecutivo exigió medidas contundentes para que los Franco cumplan el régimen de visitas y modificó el plan general para facilitar la reversión al público.

La Xunta abre expediente a los Franco tras nuevas denuncias de incumplimientos y lo archiva sin sanción. La Consellería de Cultura abrió en 2016 expediente tras las denuncias del Concello de Sada y particulares de nuevos incumplimientos en el régimen de visitas. El expediente se archivó sin sanción. La Xunta sostuvo que se habían aportado "escasas" quejas, que los propietarios atribuían a problemas puntuales con el correo electrónico.

Nuevo expediente tras apagar los Franco el teléfono de reserva de citas. Tras trascender que el teléfono para reservar citas para ver el pazo de Meirás llevaba semanas inoperativo, Cultura anunció este año la apertura de otro expediente.

El PP tumba en el Parlamento una iniciativa para cambiar la ley y recuperar el pazo y apela al derecho a la propiedad. Los reiterados incumplimientos de los Franco insuflaron fuerza a la campaña pro devolución del pazo. El PP tumbó en el Parlamento una iniciativa de En Marea que instaba a reclamar cambios en la ley de memoria histórica para la devolución de este inmueble al Estado. El PP apeló al derecho a la propiedad.

La Fundación Franco asume la gestión de las visitas y anuncia que las utilizará para "ensalzar la grandeza" del dictador. Su desafío propició un campaña que ha superado las 200.000 firmas para exigir su ilegalización, la creación de un Junta Pro Devolución del Pazo, la declaración de non grata de la familia Franco en el Concello de Sada, un asalto a Las Torres del BNG para reivindicar su devolución y anuncios de denuncias ante Fiscalía, la Comisión Europea y la ONU (esta última anunciada ayer por el BNG).

La Xunta anuncia una sanción de 4.500 euros por incumplir el régimen de visitas. La Xunta cerró el expediente con una propuesta de multa de 4.500 euros sobre el máximo de los 6.000 que marca la ley que la oposición calificó de irrisoria y exigió sin éxito cambios en la ley de patrimonio para incrementar las cuantías cuando los incumplimientos son reiterados.

El PP cambia el discurso y reivindica ahora la devolución del pazo. Las declaraciones de la Fundación Franco, que llegó a atribuir las críticas a un interés por desgastar al PP, llevaron al PP a condenar sus palabras y acceder a crear una comisión para analizar las posibilidades de recuperar el pazo. Los populares se negaron a instar medidas para ilegalizar la Fundación y delegar en el Concello de Sada las visitas.