El proceso selectivo para la contratación de un técnico y un gerente del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Sur sigue envuelto en polémica. El Concello de Sada amenazó ayer con abandonar la junta directiva del ente si no modifica las bases selectivas, al entender que vulneran los principios básicos de acceso al empleo público.
La advertencia del Ayuntamiento llega después de que el GALP suspendiese por segunda vez esta convocatoria de empleo que derivó en una denuncia de Fiscalía para hacer ciertas "correcciones" y "evitar problemas", según explicó a este medio su presidente, Andrés García Boutureira. Este segundo parón se produjo después de que desestimase parte de las alegaciones del Concello de Sada, que exigió sin éxito que se retirase la entrevista personal, que se suprimiese la antigüedad previa como requisito de acceso y se sustituyese por un supuesto práctico y que no se permitiese que el tribunal selectivo fuese una empresa privada.
El Gobierno local explicó ayer que el GALP ha accedido finalmente a realizar ciertas modificaciones, como la de suprimir la antigüedad como requisito de acceso, pero que mantiene lo relativo al tribunal y la entrevista personal pese a rebajar su puntuación. "El Concello de Sada no puede ser cómplice de las reiteradas vulneraciones de los estatutos y del convenio del GALP firmados con la Consellería do Mar así como de los principios de acceso a un empleo público", incidía ayer el alcalde, Benito Portela a consulta de este medio.
El Concello alegará contra la tercera convocatoria y recuerda que el GALP se vio obligado a suspender el primer proceso tras trascender que había obtenido mejor puntuación una edil del PP, pese a que las bases no permitían presentarse a cargos electos (la concejala dimitió tras publicarse los resultados de las pruebas).
No fue la única anomalía en el proceso, que fue censurado también por la Xunta y denunciado por Fiscalía tras la querella interpuesta por el PDSP. El fiscal solicitó al juzgado la apertura de una investigación al ver indicios de posible prevaricación y una "decisión arbitraria en la selección" de la edil del PP, que guardaba una relación de parentesco con el presidente del GALP. El juzgado, que decretó el sobreseimiento de la causa, ha reabierto el caso tras presentar el PDSP un recurso de reforma y ha citado a declarar el 2 de octubre al presidente, la edil que resultó elegida y un integrante de la comisión. Aunque el auto de apertura de diligencias recoge como denunciados a otros miembros de la comisión, incluidos el edil Liss Suárez Becerra (que representaba en aquel momento al Concello de Sada en el GALP), ninguno de ellos ha sido citado a declarar como investigado.
