Para poder crecer, pero con "garantías". Con este objetivo y marcado por la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) por parte del Tribunal Supremo por una excesiva previsión de viviendas -motivo principal-, el Concello de Abegondo exige un "aval" a quienes quieran edificar en núcleos del municipio en los que no se registró demanda de licencias en los años de vigencia del plan, aprobado en 2012. El Concello explica que busca ajustar previsiones y clasificar como edificables solo los terrenos en los que esté "garantizada" la "intención real" de construir para evitar que de nuevo se dispare la previsión de vivienda. Los interesados deberán hacer un depósito o presentar un aval por importe de 1.500 euros para poder edificar en sus fincas y tendrán que construir en el plazo de cinco años desde la concesión de la licencia si no quieren perder el depósito.
Los vecinos que pretendan construir en alguno de los núcleos con "poca actividad" urbanística tienen hasta el 15 de octubre para formalizar su solicitud de que se clasifiquen sus terrenos como edificables en las medidas provisionales, una normativa que el Ayuntamiento redactará junto a la Xunta como solución transitoria para no paralizar el crecimiento en el municipio mientras se elabora un nuevo plan general y que pretende tener acabada en "seis u ocho meses". Los propietarios que lo soliciten y aporten el aval podrán, por tanto, ver incluidas sus fincas en el suelo de núcleo rural correspondiente en las medidas provisionales, que influirán, señala el Concello, en el plan general, que debe aprobar en tres años y medio después de aprobar las medidas.
El Concello asegura que envió este verano cartas a los vecinos para informar de la posibilidad de permitir edificar a los dueños que lo demanden a través del aval y abrió entonces el plazo para solicitar esta opción. Aclara que los terrenos en los que existe "demanda registrada" se incluirán de todos modos como edificables en las normas.
El Gobierno local, que dirige el popular José Antonio Santiso, explica que esta medida, que atribuye a los técnicos municipales, "está pensada para los vecinos que de verdad pudieran verse perjudicados por querer construir y no poder", dada la necesidad de rebajar notablemente la previsión de vivienda.
Alternativa por Abegondo (AxA) criticó que el plazo de cinco años para construir puede causar la pérdida del dinero a vecinos que sufran algún imprevisto. Además, vio la medida es "un impuesto".
Tropiezos urbanísticos
La idea de reclamar un aval por clasificar como edificables suelos en zonas con poca demanda llega después de otra iniciativa que también generó polémica el año pasado: el cobro de una tasa de 100 euros -la propuesta inicial del Gobierno local era de 200- por presentar denuncias sobre urbanismo. Finalmente, esta medida nunca llegó a aprobarse, apunta el alcalde.
La exigencia de un aval llega como primera medida del Gobierno local para paliar los efectos de la restricción de viviendas que deberá aplicar en sus nuevas normas urbanísticas después de que, por segunda vez, se anulara el planeamiento en el municipio. El Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de julio una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y dio la razón la plataforma de afectados, que cuestionó la previsión de crecimiento del plan -2.622 nuevas viviendas- y la clasificación de varios núcleos como de suelo urbano consolidado. En el año 2000, el alto tribunal tumbó las normas subsidiarias de 1996 tras un recurso del Concello de A Coruña.
