El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Carral acumula más de cuatro años de retraso. El Concello adjudicó la redacción del proyecto urbanístico en marzo de 2011 a Estudio Técnico Galego por 160.000 euros y con un plazo de veinticuatro meses para su elaboración, por lo que debía haberse llevado a aprobación definitiva en 2013. Cuatro años después, el documento continúa pendiente del estudio de las más de seiscientas alegaciones registradas, un volumen notable para un ayuntamiento de 6.180 habitantes.

El alcalde carralés, el popular José Luis Fernández Mouriño, aseguró el pasado mes de julio que preveía recibir en septiembre el estudio de alegaciones elaborado por la empresa redactora, la cual, afirmó, debía haberlo entregado en junio pero pidió más plazo por una baja de maternidad, según dijo el regidor en una entrevista a este diario. Este plazo se ha excedido también. El documento continúa pendiente de actualizar las modificaciones requeridas por la Xunta y las que deban aplicarse fruto del estudio de las alegaciones desde que el Gobierno local aprobara en solitario el documento de inicio, con los informes en contra de Aviación Civil y de la Demarcación de Carreteras. La oposición votó en contra, en un pleno celebrado en marzo de 2016.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo municipal aprobó por unanimidad en sesión plenaria ampliar el plazo de exposición pública del documento. El regidor reconoció que el plan había recibido "muchas alegaciones", por lo que consideró preciso darle "más publicidad" para que los vecinos tuviesen ocasión de consultar dudas y plantear sus sugerencias o reclamaciones. Mouriño reconoció, además, posibles errores en vista del notable número de alegaciones registradas.

Los grupos de la oposición apoyaron la ampliación del plazo pero reprocharon al Gobierno local su negativa a aceptar su solicitud de esta ampliación en un primer momento y el hecho de que esperase hasta el último día del plazo de exposición al público para plantear la prórroga. El PSOE y Asemblea Cidadá de Carral manifestaron, además, sus dudas sobre la legalidad del documento urbanístico y el BNG, sin representación en la Corporación municipal carralesa, anunció la presentación de una "enmienda a la totalidad".

El grupo socialista mostró en la sesión su rechazo a un plan que consideró "muy malo" porque "deja muchas casas fuera de ordenación" e "hipoteca muchas parcelas". Su portavoz, Pablo Couto, denunció que el planeamiento "incumple la ley de zonas verdes y equipamientos" y contiene otras irregularidades, como la de no determinar los sistemas de actuación en las unidades urbanísticas.

A falta de plan general, el Concello se rige por las normas subsidiarias de 1994 y tiene pendiente el PGOM desde hace más de una década. Mientras que las demoras en regular el urbanismo no son excepcionales en la comarca, algunos concellos tomaron medidas frente a los retrasos. Cambre, con unos dos años de demora, rescindió el contrato adjudicado en 2010 y ya ha licitado la redacción de nuevo.