El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de queja del Concello de Miño contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo 2 y 4 de A Coruña que reconocieron un 25% más de justiprecio a expropiados de Costa Miño Golf en compensación por la expropiación ilegal.
Los jueces ha dado la razón a los juzgados y han denegado al Ayuntamiento el derecho a recurrir en casación este caso, ya que no entra en los supuestos de recurso de las sentencias de única instancia que contempla la ley ( solo están permitidas en el ámbito tributario y de personal).
El fallo complica el escenario para el Concello de Miño, abocado a pagar ya alrededor de 25 millones de euros como responsable subsidiario, a los que podría sumar ahora un 25% más por la anulación judicial del proyecto expropiatorio.
Los jueces no se ponen de acuerdo en este punto y, de momento, no dictan un fallo unánime. Los magistrados discrepan a la hora de interpretar la ley de expropiación forzosa que, desde su reforma de 2013, limita los casos en los que puede recibirse una compensación extra por una ocupación ilegal.
Varios jueces han denegado a los expropiados la reclamación de un 25% más en concepto de justiprecio por la anulación del proyecto expropiatorio al entender que no reúne los requisitos que establece la disposición adicional que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y que obliga al perjudicado por una expropiación ilegal a acreditar que ha sufrido un daño efectivo e indemnizable .
Otros jueces, en cambio, sí han atendido la reivindicación y han fallado que compete esa aportación extra en compensación por un acto ilegal. Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo número 2 y 4 de A Coruña han estimado la reclamación de un 25% más de justiprecio por "los daños morales derivados de sufrir en su patrimonio una actuación ilegal de la Administración". "Cuando la privación de un bien es ilegal, el interesado tiene derecho a su devolución, y si la Administración lo ha hecho imposible con su actuación, este quebranto debe ser debidamente indemnizado", argumentan.
El Concello no oculta su preocupación por los fallos que han estimado la reclamación de un 25% más de justiprecio. En su recurso, el Ayuntamiento apela sin éxito al riesgo de que la sentencia se haga extensiva al resto de los casos, cerca de 200.
El abogado de la asociación de expropiados, Jerónimo Escariz, admite que, de momento, solo se han estimado alrededor del 20% de sus recursos. El letrado avanza que probará ahora "una nueva vía" planteada por la Justicia que, cree, puede prosperar en todos los casos.
