La Diputación de A Coruña ha sacado a contratación por un importe de 18.000 euros con IVA la realización de un estudio sobre participación ciudadana, tanto en el propio organismo provincial como en los ayuntamientos de la provincia.

Este ente quiere cumplir con la nueva legislación sobre Procedimiento Administrativo Común que fomenta la participación de los ciudadanos en la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, con el fin de hacer "copartícipes" a los ciudadanos en las decisiones del Gobierno.

Para lograr esta finalidad la Diputación quiere poner en marcha "un nuevo modelo de participación ciudadana" para lo que es necesario realizar un "diagnóstico de la situación" actual tanto en el propio ente como en los municipios de la provincia, que permita elaborar "planes e iniciativas futuros". Es decir, se trata de conocer la situación en la que se encuentra la participación ciudadana en la provincia para después redactar "recomendaciones" a cada administración para "mejorar el modelo" y que pongan en marcha políticas en ese ámbito.

Una vez que se realice el diagnóstico, tras analizar lo que se hace en cada concello, se diseñará una "hoja de ruta en materia de participación".

El contrato incluye el desarrollo de una "metodología piloto de participación en la Diputación y ayuntamientos", que estará centrada en una materia concreta: la elaboración de presupuestos participativos. Se contará con la opinión de los vecinos tanto en elaboración de los presupuestos del organismo provincial como en el caso de dos concellos de la provincia, aún no definidos. Uno será de tamaño medio-pequeño y otro medio-grande.

Para llevar a cabo la redacción de este trabajo se prevé un personal que incluirá un jefe de proyecto y dos técnicos, que deben poseer experiencia y conocimientos especializados en transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, evaluaciones de programas públicos y administración local entre otros. Los que realicen esta labor deben tener su lugar de trabajo en el territorio de la provincia.

Habrá un jefe de proyecto que designará la empresa adjudicataria; y un director del proyecto, que designará la Diputación para supervisar y coordinar todos los trabajos, las entrevistas entre usuarios y técnicos y demás.

Las dos partes, empresa y Diputación, mantendrán reuniones de seguimiento y control de los trabajos realizados.