Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) solicita a Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, una modificación de la autorización de vertidos otorgada para el aeropuerto de Alvedro. El ente aeroportuario pide incluir en el permiso las instalaciones necesarias para depurar y canalizar las aguas residuales procedentes de la ampliación de la pista de aeropuerto y del nuevo aparcamiento.

Las aguas pluviales generadas en las instalaciones de la ampliación se recogerán y tratarán con nuevos sistemas de captación, como un cunetón perimetral o una ampliación de las canalizaciones actuales, y de drenaje, como un separador de hidrocarburos, que se situará en la cabeza del terraplén de la pista y anexa al camino perimetral.

Las aguas residuales procedentes de la zona pavimentada de la ampliación y de la plataforma de viraje de los aviones se verterán, una vez depuradas, al Rego de Regueira. A este regato llegarán aguas captadas por el cunetón perimetral mezcladas con las captadas por las canalizaciones de la carretera provincial DP-3104 y de las cuencas naturales externas interceptadas por la ampliación de la pista, según consta en el expediente.

Las aguas captadas de la zona del aparcamiento P1, en cambio, se canalizarán y depurarán para verterlas después al Rego de Trabe, detalla la documentación incluida en el expediente de solicitud de modificación, que se expone al público en las dependencias de Augas de Galicia, en la Delegación de la Xunta en Monelos, hasta el día 26 de este mes para que los interesados puedan presentar alegaciones.

La petición de modificación del permiso de vertidos para ampliar las instalaciones de captación, canalización y depuración de las aguas residuales de las zonas ampliadas en el aeropuerto pretende regularizar las emisiones de estos vertidos, que cuentan con unos niveles de sustancias como hidrocarburos que exceden los niveles máximos establecidos por la normativa. En los casos en que las aguas vertidas superan los niveles máximos fijados y los organismos responsables no adoptan medidas para su depuración, la ley prevé la incoación de expedientes sancionadores por importes que pueden alcanzar los 300.000 euros, como se advierte en el expediente expuesto al público.