Las protestas de todos los grupos de la Corporación local de Arteixo contra las condiciones que impuso la Xunta para la construcción del enlace de Meicende han caído en saco roto. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda emitió en el mes de junio de este año un nuevo informe en el que advierte de que solo dará su visto bueno al proyecto de la conexión entre la autovía de Langosteira y la carretera de Meicende a Pastoriza si "previamente el Ministerio de Fomento" -promotor del proyecto- garantiza "el equilibrio económico de la concesión de la autopista AG-55". Repite el mismo argumento que en 2015 y que se hizo público en 2016. El vial de Langosteira permite acceder a la autopista sin pagar peaje.
El Gobierno gallego exige de nuevo "que se formalice el correspondiente acuerdo entre las tres partes implicadas" -el Ministerio, la Xunta y la concesionaria- en el que se fije la indemnización que deberá percibir la gestora de la AG-55. Infraestruturas asegura que la apertura del enlace de Meicende "alterará el equilibrio económico" de Autoestradas de Galicia debido a que los coches podrían entrar en la autopista sin pasar por el peaje de Pastoriza.
La Xunta emitió este informe dentro del trámite ambiental que inició el Ministerio de Medio Ambiente el pasado mes de marzo. El Gobierno gallego ya había elaborado otro informe en 2015 cuando la Demarcación de Carreteras anunció el trazado del enlace de Meicende. En esta ocasión ya advirtió que solo permitirá que Fomento construya el enlace de Meicende en la autovía de Langosteira "siempre y cuando" exista "un compromiso expreso" del departamento estatal para indemnizar a la concesionaria de la autopista AG-55, Autoestradas de Galicia, debido al "efecto negativo" que tendrá sobre la recaudación de la empresa.
El alcalde, el popular Carlos Calvelo, explicó en 2016 tras conocer esta condición de la Xunta que esa postura ahonda en su "agravio comparativo" con respecto a otras zonas de Galicia. Calvelo recordó que los gobiernos gallego y estatal han pagado desde 2006 cerca de 96 millones por el rescate de los peajes de A Barcala y Rande. La oposición compartió el rechazo a las exigencias de la Xunta que se dieron a conocer en 2016.
