La Xunta concederá una ayuda de 150.000 euros al Ayuntamiento de Abegondo para redactar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras la anulación del anterior, aprobado en 2012, por el Tribunal Supremo. El Consello de la Xunta aprobó ayer en sesión ordinaria el convenio por el que se establece esta financiación. El Concello aportará otros 40.000 euros para costear la redacción del nuevo documento urbanístico.

La ayuda autonómica procede de la línea específica de la Xunta para los casos de anulación de planes generales, "que en Galicia suponen uno de cada tres", señala el Gobierno local, que dirige el popular José Antonio Santiso. El Ejecutivo abegondés garantiza que "una vez que se publique la aprobación del convenio, el Ayuntamiento iniciará de inmediato el procedimiento de licitación". "Esto era condición sine qua non para la aprobación de las medidas provisionales, que garantizarán, en tanto no se cuente con el nuevo PXOM, que no se paralice la actividad constructiva en Abegondo", apunta el Gobierno local.

El Concello asegura que tiene en marcha la elaboración de estas medidas provisionales del planeamiento, "fórmula que proporciona la legislación autonómica para los casos de planes generales anulados por la justicia", señala. "Estas medidas propiciarán que no se paralice la construcción, adaptándose en el caso de Abegondo a un número de viviendas inferior, tal y como se dictaminó en la sentencia", apunta, dado que el Superior estimó el recurso de la plataforma de afectados al considerar desproporcionada la previsión de crecimiento.

Las medidas provisionales afectarán en primer lugar a los núcleos rurales. El Concello estima que el número de nuevas viviendas se debe rebajar a la mitad frente a las 2.622 previstas en el plan anulado. Las medidas propiciarán que se mantenga la delimitación propuesta en el plan para aquellos núcleos con garantía de desarrollo.

En segundo lugar, las medidas versarán sobre el suelo urbano consolidado. A día de hoy, salvo varias parcelas con esta calificación en San Marcos y en San Tirso que quedaron anuladas explícitamente, se pueden seguir dando licencias para el suelo urbano consolidado, de acuerdo, eso sí, a las normas provinciales de los años 90. Con las medidas provisionales, el Concello regulará este tipo de suelo para que se rija por una normativa actualizada, asegura el Ejecutivo. Sostiene que "con estas dos acciones se evitaría una paralización en la construcción, tanto en suelo urbano como en suelo rural".

El Gobierno local estima que antes de finalizar el año contará con esas medidas provisionales, que serán remitidas a la Consellería de Medio Ambiente para que realice el preceptivo informe. Luego, con el informe favorable, deberán ser aprobadas en el pleno de la Corporación municipal de forma inicial.

Durante el trámite de información pública, se solicitarán los informes sectoriales y las consultas que resulten preceptivas. Posteriormente, tras la emisión de informe por los servicios jurídicos y técnicos municipales, se aprobarán de forma definitiva las ordenaciones provisionales por parte del pleno, explica el Ayuntamiento.

La legislación otorga un plazo máximo de tres años y medio, desde que son aprobadas las medidas provisionales, para que el ayuntamiento en cuestión disponga de nuevo PXOM aprobado. El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, asegura que desde que se conoció el dictamen judicial el Ejecutivo municipal "trabaja a destajo para tener validada esta fórmula cuanto antes". El regidor considera que estas medidas "favorecerán a los vecinos que tienen planeado construir y se vieron perjudicados por la denuncia y la anulación".

El Tribunal Supremo anuló de forma definitiva el plan general abegondés el pasado mes de julio. El Concello comenzó entonces, de acuerdo con la Xunta, a preparar las medidas provisionales mientras se elaboraba un nuevo plan. Además, el Ayuntamiento adoptó una polémica medida para restringir el número de nueva vivienda: imponer un aval de 1.500 euros para clasificar como edificables las fincas en suelo de núcleos con poca o nula actividad en los últimos años, importe que se perderá si no se construye en ellas en cinco años.