La subida del peaje de la autopista AP-9 ha acrecentado el malestar del Concello de Betanzos, que reclama desde hace años la supresión del canon en Guísamo y Macenda. El Gobierno local insta nuevamente al Ministerio de Fomento a negociar con la concesionaria "como hizo en el sur de Galicia" y libere "como mínimo" el peaje en los desplazamientos de regreso.

La reclamación del Ayuntamiento brigantino fue respaldada por todos los municipios del Consorcio As Mariñas, que consideran que la liberalización permitiría descongestionar la Nacional VI y evitaría retenciones y accidentes. Su petición, reiterada en los últimos años, no ha obtenido respuesta.

El Ejecutivo municipal insistía ayer en que la Nacional VI, a pesar de las mejoras ejecutadas en los últimos años, "no es un vial que pueda soportar la densidad de tráfico actual" y que ha aumentado por la subida de los peajes. "Es necesario que se adopten medidas para que parte del tráfico que tiene la Nacional VI pueda tener una alternativa en sus desplazamientos a la capital, al igual que se hizo en el sur de Galicia", argumentaban ayer desde el Consistorio betanceiro.

Contra la exención del IBI

La supresión del peaje no es la única batalla que libra Betanzos contra la gestión de la AP-9. El Concello ha presentado una denuncia ante la Unión Europea contra la exención del 95% en la base imponible del IBI a Autopistas del Atlántico de acuerdo a una bonificación aprobada durante el franquismo que todavía sigue en vigor.

Betanzos calcula que la cantidad que dejó de percibir el Consistorio por esta bonificación durante los últimos cuatro años asciende a 519.429 euros y advierte de que esta exención, sin compensación alguna por parte del Estado, colisiona frontalmente con el mandato de la Carta Europea de Autonomía Local y con un artículo del Tratado de la Unión Europea, al establecer una ayuda incompatible con el mercado común que distorsiona la competencia.

Sus argumentos son los mismos a los que se aferran otros concellos de la provincia que han recurrido ante la UE esta bonificación, como Abegondo o Miño. El Concello abegondés, uno de los más afectados, estima que la bonificación en el IBI de la que disfruta la concesionaria de la AP-9 desde 1973 le depara unas pérdidas anuales de 565.229 euros al año (solo percibe 29.771 de los 595.000 euros que le corresponderían).