El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña emitió el pasado 28 de diciembre una sentencia en la que establece que Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), debe abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de Arteixo por incumplir parcialmente el plan de inversiones con el que ganó el concurso público para gestionar la empresa mixta de aguas del municipio (Augarsa), por tener la red de tuberías "en un estado funesto" y por "la depreciación" que sufrió el sistema de cañerías "tras la gestión de Aqualia".
La magistrada que instruyó el caso estimó parcialmente un recurso que presentó la filial de FCC contra el acuerdo del Concello que fijó en 26 millones de euros la indemnización que debía abonar Aqualia. La cifra desciende un 51% y queda establecida finalmente en 12,8 millones. La sentencia emitida por este juzgado coruñés no es firme. Podrá ser recurrida en los quince días siguientes a la notificación del fallo. Tanto Aqualia como el Concello arteixán conocieron el contenido de la sentencia a lo largo de la jornada de ayer.
El juzgado señala que la filial de FCC debe pagar 2,6 millones por el incumplimiento parcial del plan de inversiones que ofertó para ganar el concurso público -el Concello fijó este concepto en 15,5 millones y la magistrada lo reduce a 2,6-, 8,7 millones por la reducción del valor patrimonial de la red de agua del municipio y 2,8 millones por la compra de agua pendiente de pago. La jueza también reconoce al Concello el cobro de 542.000 euros por los gastos de relleno de agua en el depósito de Pastoriza en los años 2012 y 2013, y 111.000 euros por los gastos asumidos por el Concello durante la intervención del servicio de aguas cuando se liquidó la empresa mixta Augarsa en 2013.
Estas cantidades suman cerca de 14,9 millones de euros. Hay que descontar 2,1 millones que el Concello cobró a la firma de FCC en concepto de canon cuando se le adjudicó la gestión de la empresa mixta Augarsa en el año 2005. La indemnización final que fija el juzgado es de 12,8 millones.
La magistrada no reconoce 3,6 millones de euros que el Concello incluyó en la indemnización de 26 millones que exigía a Aqualia. Se trata del coste de varias obras de abastecimiento y saneamiento que el Gobierno local realizó en 2013 tras asumir la gestión del servicio de forma directa. La sentencia señala que "el Ayuntamiento no ha acreditado que hubiera requerido, previamente a su ejecución, a Augarsa para que Aqualia llevase a cabo con sus propios medios dichas obras".
La sentencia tampoco reconoce íntegramente los más de 15 millones de euros que el Concello reclamaba en concepto de inversiones que Aqualia se comprometió a realizar y que finalmente no ejecutó. La jueza explica que "en el año 2013 había transcurrido una cuarta parte del contrato" y que "en todo caso" habría que computar 5.312.294 euros, a lo que hay que restar 2.653.160 euros que Aqualia "realmente" invirtió.
La jueza ve probado que el 92,26% de las obras que realizó la empresa mixta de aguas durante su existencia fueron contratadas con sobrecostes "a empresas pertenecientes a FCC y por tanto vinculadas a Aqualia". El sobreprecio se situó entre el 25% al 24,5%, según indica la sentencia. También afirma que existieron "partidas facturadas sin justificación y múltiples partidas alzadas". La magistrada además matiza que "no puede obviarse" que el Concello, que formaba parte de la empresa mixta junto a Aqualia, lo "permitió". "No puede afirmarse que Aqualia sea la única responsable de la firma de dichos contratos, lo que ha de repercutir en las posibles responsabilidades a asumir por las partes titulares del Consejo de Administración, en especial la parte pública por tener voto de calidad, y el deber de velar por el interés público", indica la sentencia.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también había constatado en otra sentencia que Augarsa realizó la mayor parte de sus contratos con empresas vinculadas con FCC y que hubo sobrecostes. En este caso el tribunal desestimó un recurso de Aqualia contra otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, que no estimó la petición de Aqualia de que se responsabilizase al Concello del fin de la empresa mixta de aguas. El pleno municipal había aprobado previamente la rescisión del contrato de gestión del servicio por incumplimiento culpable de la parte privada de Augarsa, es decir, de la filial de FCC. El Superior de Galicia ya había emitido otra sentencia en la que obligó a Aqualia a pagar un aval de 14 millones de euros.
La guerra judicial entre el Concello y Aqualia se inició en el año 2013 tras la rescisión del contrato que regía la empresa mixta de aguas Augarsa. Pero el conflicto ya se había fraguado mucho antes en los consejos de administración de la compañía. El Concello bloqueó algunas de las inversiones que ahora sí ejecuta, ya que en los consejos el alcalde disponía de un voto que valía doble en caso de que hubiera empate entre la parte privada y la pública.
Augarsa echó a andar en 2005 envuelta en polémica. En ese momento el alcalde era el popular Manuel Pose. La oposición al completo votó en contra de la privatización del servicio y denunció irregularidades en su concesión. La duración del contrato era de 30 años, por lo que finalizaba en el año 2045. Al final la empresa mixta solo operó hasta 2013.
