El año no comenzó bien para José Pires y Clementina Augusto. Esta pareja arrancó 2018 cumpliendo a regañadientes el mandato judicial de demoler su vivienda de Carnoedo, que ocupaba suelo rústico y que levantaron sin licencia hace unos diez años.
Reconocen que construyeron su chabola en este rincón de Sada sin solicitar los preceptivos permisos, pero consideran que la Administración no aplica la ley a todos con la misma contundencia. "En esta zona hay varias viviendas en la misma situación y no hacen nada", afirma José. "Nosotros no nos oponemos al derribo, solo pedimos que se trate a todo el mundo por igual", añade.
Esta pareja y su hijo de catorce años residen aún en la parcela, en la que poco queda ya de su precaria vivienda durante la última década. Solo escombros. Actualmente hacen vida en una autocaravana que han aparcado en la finca y solicitan ayuda a Xunta o Ayuntamiento para alquilar una casa y comenzar de cero tras cumplir la orden de derribo.
"En la caravana hace mucho frío", incide Clementina, que sostiene que solo recibe una pequeña pensión que apenas supera los trescientos euros y que sus ingresos y los de su esposo no les dan para vivir y pagar el alquiler de una vivienda y la multa que les han impuesto por la edificación ilegal.
