El Ayuntamiento de Oleiros adjudicó o formalizó durante el año 2013 un total de 18 contratos, de los que la mayoría, doce, fueron realizados mediante el procedimiento negociado sin publicidad y solo seis fueron licitaciones abiertas, las que garantizan la transparencia, igualdad y libre concurrencia. El Consello de Contas acaba de hacer público el último informe de fiscalización que realizó al presupuesto y la gestión del Concello en el año 2013, y en él constató un exceso en la elección de los procesos negociados sin publicidad y falta de justificación al elegir dicho procedimiento; un exceso en el tiempo de tramitación de las contrataciones; y un increíble exceso en el tiempo de ejecución de los contratos, ya que al analizar varios al azar detectó demoras por modificados, petición de prórrogas de las empresas, imprevistos, o actuaciones complementarias, en algunos casos demorando las obras hasta casi dos años.

El Ejecutivo local presentó alegaciones contra todas las objeciones y deficiencias que le detectó el Contas en esta fiscalización, y una gran mayoría de ellas fueron aceptadas, pero la referida a la contratación el propio Concello reconoció que utilizaba el sistema negociado "como procedimiento generalizado", cuando debe ser excepcional, y aseguró que esta situación ya fue corregida "desde el año 2013 hasta la actualidad para garantizar los principios de contratación". Reconoció así que tras la fiscalización de este organismo se modificó el sistema de contratación para garantizar la igualdad y libre concurrencia.

De esta forma, el Gobierno local informó al Consello de Contas que en 2015 (no dice nada del año 2014, el siguiente a la fiscalización) de 52 expedientes de contratación, la mitad fueron por procedimiento negociado "pero no enviando invitaciones a tres empresas sino publicando un anuncio de licitación para garantizar así la concurrencia". Añade que en 2016, del total de 41 expedientes de contratación, solo 12 fueron negociados (y éstos publicando anuncio) y ya en 2017, "de 25 expedientes de contratación tramitados todos ellos fueron por procedimiento abierto".

Uno de los casos que destaca el Consello es un contrato en el que el Gobierno solicitó a tres empresas una valoración económica de los trabajos para después contratar la redacción del proyecto de urbanización del POL-16 de As Viñas y solo fue admitida la oferta de una de las empresas que se había presentado al procedimiento de valoración, lo que este órganos considera "una falta de garantías del cumplimiento de los principios de igualdad de trato y transparencia", pues esta empresa, si había participado en la elaboración de las especificaciones o los documentos preparatorios del contrato, después no podía estar en la licitación de dicho contrato.

Contas criticó que se pidiese experiencia de diez años porque excede de los tres que marca la ley, y eso restringe la libre concurrencia. Añade que "podría existir una incompatibilidad de algunos de los miembros del comité de expertos" en la evaluación de ofertas de un contrato pues formaban parte del órgano que proponía dicho contrato.