28 de febrero de 2018
28.02.2018
SADA

Juristas avalan la nulidad de la venta del pazo a Franco por tratarse de una "simulación absoluta"

La Diputación avanza las conclusiones del informe jurídico, que aporta documentación en la que basar la reclamación de nulidad del título de propiedad - Su propuesta coincide con la del Concello de Sada

28.02.2018 | 12:42
La vicepresidenta, Goretti Sanmartín, y el profesor Xabier Ferreira, ayer durante la presentación del informe.

La venta del pazo de Meirás al dictador Francisco Franco en 1941 fue una "simulación absoluta" para permitir al militar golpista y a sus herederos conservar su residencia de veraneo y evitar que esta revirtiese al patrimonio público como el resto de los bienes cedidos para uso y servicio de los jefes de Estado.

Es la principal conclusión del informe jurídico encargado por la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás que avanzó ayer la Diputación. El profesor en Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago Xabier Ferreira sostuvo que la compraventa de 1941 fue únicamente una artimaña, una simulación que podría impugnarse por la vía civil a través de una acción de nulidad y que abriría las puertas a recuperar As Torres de Meirás.

La propuesta de los juristas que redactaron el informe es muy similar a la del Concello de Sada, que solo un día antes instó en la comisión de expertos de la Xunta a reclamar la nulidad del título "fraudulento de la propiedad que detentan los Franco". Y esta vía cada vez cobra más fuerza. El foco de todos los expertos se centra en esos tres años oscuros que pasan del anuncio de la donación del pazo en 1938 a su supuesta compra por parte del dictador en 1941. Los años que van desde la constitución de la Junta Pro Pazo a su quiebra y la culminación del proceso bajo la tutela de Pedro Barrié de la Maza.

Se trata de un período difuso, con muchas zonas en sombra y una pregunta aún hoy por despejar: ¿Fue una donación o una compra? Las cuestaciones forzosas, los descuentos en nóminas de funcionarios y el desvío de fondos públicos para comprar el pazo y donárselo al militar golpista están más que documentados, pero ¿por qué figura entonces el inmueble como propiedad del dictador y sus herederos?

El experto jurídico de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, Xabier Ferreira, apunta a una simulación de la compra para que la residencia oficial de veraneo del dictador pasase de la esfera pública a la privada. "En 1941 está comprando una persona que ya tiene el bien y vendiendo otra que ya lo hizo", sostuvo este experto.

Xabier Ferreira apuntó ayer algunas de las pruebas que considera "contundentes" para tumbar la compra del pazo ante notario acordada en 1941 entre Pedro Barrié de la Maza en representación de Francisco Franco y las herederas de Emilia Pardo Bazán. La primera, un telegrama del gobernador civil Julio Muñoz de Aguilar al ministro de interior Ramón Serrano Suñer el 31 de marzo de 1938 en el que le informa de la compra del pazo de Meirás para su entrega al dictador: "En nombre de esta ciudad y provincia, compláceme comunicar V.E. acaba de ser adquirido por pueblo coruñés el Castillo de Meirás para donarlo a nuestro Caudillo, confiando merecer honor sea su residencia veraniega cuando circunstancias guerra permitan. Formalizada escritura día de hoy esperamos solo fecha regreso Caudillo y aviso V.E. para traslado representaciones militares, obreras, mercantiles y sociales como objeto de hacer su entrega en nombre de Galicia", recogía este telegrama, del que se hicieron eco los periódicos de la época y que Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo transcriben en su libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio.

El segundo dato "concluyente" al que apunta es a la entrega del pazo unos meses después, en diciembre de 1938, al militar golpista. El propio Francisco Franco firmó el acta de donación y agradeció el "regalo"; "Lo acepto gustoso por tratarse de un obsequio de mi tierra".

Pese a que desde entonces el pazo funcionó como residencia estival de Franco y fue objeto de obras pagadas con fondos públicos, en 1941 el dictador, representado por Pedro Barrié de la Maza, firmó un contrato de compraventa con las herederas del pazo por el que pagaba 85.000 pesetas por el inmueble y la finca.

Este acuerdo de compraventa se suscribe después de la aprobación de la Ley de Patrimonio Nacional de 1940, en virtud de la cual el pazo de Meirás se habría considerado patrimonio público de uso y servicio del jefe del Estado. Es decir, propiedad del Estado. El experto jurídico de la Junta Pro Devolución, Xabier Ferreira, sostiene que fue precisamente ese marco normativo el que llevó al dictador un año después, en 1941, a simular la compra del inmueble para preservar este inmueble como propiedad privada.

Sustenta su hipótesis en varias anomalías de la escritura de compra que apuntalan su teoría de que se trató de un negocio ficticio. Entre ellas, su bajo precio de venta y sin entrega del dinero ante notario. "[...] Verificándose la venta por el precio total de ochenta y cinco mil pesetas que la vendedora confiesa tener recibidas con anterioridad al acto de otorgamiento", recoge literalmente la escritura. El documento recoge además una cláusula que cierra la puerta a cualquier reclamación futura: "[...] obligándose a no ir en tiempo alguno contra la firmeza y validez de esta compraventa".

Todos estos datos y los informes históricos que avalan que el pazo de Meirás fue un bien "fruto del expolio" llevan a los asesores jurídicos de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás a recomendar plantear una acción de nulidad por la vía civil. Al tratarse de un bien público la acción es "imprescriptible", recalcó Ferreira, que destacó también que de prosperar esa vía los Franco no podrían alegar la titularidad del pazo por haberlo usado durante décadas sin oposición (usucapión).

Los expertos inciden en que además de las lagunas de la transmisión hay sobrados motivos para considerar el pazo de Meirás una residencia oficial, como la celebración de treinta consejos de ministros, otras tantas audiencias y el uso de fondos públicos para obras de acondicionamiento durante toda la dictadura.

La vicepresidenta de la Diputación. Goretti Sanmartín, abogó por actuar con "contundencia" y "agilidad" ante la salida a venta del pazo y lanzó una advertencia a posibles interesados. "Deben saber los problemas que tiene la propiedad por un proceso ilícito de apropiación", avisó. Sanmartín confía en que la acción de nulidad prospere. "Quisieron dejar todo atado y bien atado, pero la investigación histórica y el informe jurídico deja la vía abierta para que sea público", sostuvo.

El Gobierno local de Sada celebró ayer que las conclusiones del informe jurídico vayan en la línea argumental del Concello. El alcalde, Benito Portela, instó a "todas las administraciones a remar en la misma línea legal y judicial". En esa línea, En Marea avanzó ayer que pedirá en el Congreso que la Abogacía del Estado forme parte de la comisión de expertos.

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