08 de marzo de 2018
08.03.2018
MIÑO

El nuevo crédito para pagar expropiaciones de Fadesa sigue sin cubrir la deuda principal

El Gobierno de Miño aprueba en solitario el préstamo - El PSOE se abstiene por no ir acompañado de nuevas medidas de ahorro - El alcalde garantiza la devolución

08.03.2018 | 15:37
La Corporación local de Miño, durante un pleno.

El Concello ha sacado a contratación la redacción de un cambio en el plan general para establecer la ordenación detallada del desarrollo urbanístico de Monte Piñeiro, proyectado a escasos metros de las playas y las marismas del río Baxoi y en el que inicialmente se preveían alrededor de 700 viviendas. El Gobierno local licita la redacción de esta modificación tras encargar un informe en 2016 para buscar una "solución" a este ámbito que, admitía, podía "comprometer" más su situación económica.

Regularización de contratos

El Concello ha sacado también a contratación los servicios de limpieza, conserjería o suministros pendiente de regularizar y que el alcalde había amenazado con denunciar a inicios del mandato.

La deuda de Miño con los expropiados por la macrourbanización de Martinsa Fadesa parece no tener fin. El Gobierno local aprobó ayer en solitario aceptar un nuevo préstamo de 1,1 millones, que se suma al de 12,5 concedido a principios del mandato. Aunque el Ejecutivo municipal había anunciado que esta nueva operación permitiría liquidar el 100% de la deuda, el PSOE desveló en pleno que todavía quedan fincas por pagar, dado que alrededor de 27 fincas todavía no han sido remitidas al jurado de expropiación. El Concello desconoce aún el montante total de los pagos pendientes y desde Secretaría avanzaron que se facilitará a la Corporación una relación con los metros cuadrados de las parcelas.

El Gobierno local destaca que el préstamo permitirá pagar el 100% de la deuda principal reconocida a día de hoy y afirma que las sentencias en tramitación pendientes no alcanza el 10% de lo pagado.

Otro punto de discrepancia entre Gobierno local y oposición gira en torno a los intereses. Los socialistas destacan que ascienden a 9 millones y que han sido reconocidos por sentencia. El Ejecutivo local sostiene en cambio que los asesores jurídicos de la Diputación consideran que no tiene por qué pagarlos y que los expropiados deben recurrir nuevamente al juzgado para reclamarlos, un extremo que el abogado de los afectados tachó recientemente de "ridículo".

Más allá de estas discrepancias, el pleno se ajustó al guión. El PSOE se abstuvo y recalcó que está a favor de pagar a los expropiados, pero no de aceptar el nuevo préstamo sin plantear medidas complementarias de ahorro. El alcalde, Ricardo Sánchez, sostuvo que el Ejecutivo "trabaja seriamente" y que toma medidas "con responsabilidad".

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