El litigio que mantienen el Concello de Arteixo y Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por el fin de Augarsa acaba de dar un nuevo vuelco. La juez que instruye el caso acaba de dar marcha atrás en su decisión de anular la sentencia en la que condenaba a la multinacional a abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de Arteixo. Deja sin validez la providencia en la que anulaba el fallo.
La magistrada ha emitido un auto judicial y una providencia en la que estima íntegramente el recurso que el Concello presentó contra la orden de invalidar la sentencia de los 12,8 millones. La juez reconoce que inició el incidente de nulidad cuando debía haber esperado a que la sentencia fuese firme. "Dado que dicha resolución puede ser objeto de recurso de apelación no cabe entrar a examinar la nulidad de dicha resolución", asegura la magistrada en el auto.
Con esta decisión, la juez anula la providencia del 16 de enero, en la que aseguraba que debido a un "error informático" se envió a las partes afectadas un "primigenio borrador", de 81 páginas en total, y no el fallo correspondiente al procedimiento.
El Concello recurrió la providencia de enero al entender que no hay "errores materiales manifiestos o aritméticos", sino que se pretende anular toda la sentencia. También argumenta que la magistrada vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias y que "están en juego fondos públicos de elevadísima cuantía".
