El litigio que mantienen el Concello de Arteixo y Aqualia, filial del agua del grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por el fin de la empresa mixta Augarsa ha experimentado un nuevo giro. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña que instruye el caso acaba de invalidar su decisión de anular la sentencia en la que condenaba a la multinacional a abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de Arteixo.
La juez estima el recurso que el Concello presentó contra la providencia del 16 de enero, en la que la magistrada aseguraba que debido a un "error informático" se envió a las partes afectadas un "primigenio borrador", de 81 páginas en total, y no el fallo correspondiente al procedimiento.
La magistrada ha emitido una nueva providencia, contra la que cabe un recurso de reposición, en la que reconoce que "no cabe entrar a examinar la nulidad" de la sentencia de los 12,8 millones debido a que todavía no es firme. "Dado que dicha resolución puede ser objeto de recurso de apelación no cabe entrar a examinar la nulidad de dicha resolución", asegura la magistrada.
El Concello recurrió la providencia de enero al entender que no había "errores materiales manifiestos o aritméticos", sino que se pretendía anular toda la sentencia. También argumentó que la magistrada vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias y que "están en juego fondos públicos de elevadísima cuantía".
La sentencia que la juez intentó anular y que ahora decide mantener condena a Aqualia a pagar una indemnización de 12,8 millones de euros por incumplir parcialmente el plan de inversiones con el que ganó el concurso público para gestionar la empresa mixta de aguas del municipio (Augarsa), por tener la red de tuberías "en un estado funesto" y por "la depreciación" que sufrió el sistema de cañerías "tras la gestión de Aqualia".
En el fallo se ve probado que el 92,26% de las obras que realizó la empresa mixta de aguas durante su existencia fueron contratadas con sobrecostes "a empresas pertenecientes a FCC y por tanto vinculadas a Aqualia". El sobreprecio se situó entre el 25% al 24,5%.
La sentencia estima un recurso que presentó la filial de FCC contra el acuerdo del Concello que fijó en 26 millones de euros la indemnización que debía abonar Aqualia. La cifra desciende un 51% y queda fijada en 12,8 millones de euros.
El alcalde, Carlos Calvelo, celebró ayer la decisión de la juez de dar marcha atrás y mantener la sentencia. "Es una decisión positiva e importante para el Concello de Arteixo", aseguró. El regidor también señaló que con esta decisión "se reconoce el daño que hizo Aqualia" al servicio de aguas arteixán. "Eso existe", afirmó Calvelo.
