El Concello adjudicó en 2006 a la UTE Odegal, Lucus Urban y Constantino Núñez la ejecución de este ámbito de 700 viviendas, zonas comerciales, aparcamientos y parques a escasos metros de las playas y las marismas del río Baxoi.
Los tribunales anularon el acuerdo y las empresas reclamaron la devolución del canon de 3 millones más intereses -que el Ejecutivo ya se había gastado en obras- y los gastos de elaboración del proyecto de expropiación, reparcelación, plan parcial y el estudio de impacto ambiental. La UTE reclamaba además una indemnización de 20,8 millones por la anulación del contrato.
El Gobierno local aprobó en 2012 el cambio de sistema de expropiación a cooperación y en 2013 firmó un nuevo convenio con las empresas. El acuerdo estipulaba que debía presentarse el proyecto de reparcelación en el plazo máximo de un año.
El cambio de sistema al de cooperación prosperó con el voto de calidad del alcalde, Juan Maceiras, que se mostraba partidario en 2012 de empezar "cuanto antes" las obras de urbanización. Seis años después, las máquinas todavía no han entrado en Piñeiro. El Ejecutivo admitía en 2012 que el Plan do Litoral podía afectar a este desarrollo y apelaba la necesidad de comenzar los trabajos antes de que entrase en vigor el PO. "Si se adapta al POL no podrá hacerse, porque se reduce la edificabilidad", argumentaba el alcalde.
