La familia Franco ha comunicado por carta al Concello de Sada su negativa a cederle gratuitamente un terreno para construir aceras que permitan mejorar la seguridad en la carretera provincial 5812, que discurre frente al pazo de Meirás. Para ejecutar esta obra, muy demandada en la parroquia de Meirás, el Ayuntamiento ha pedido y obtenido ya buena parte de los terrenos precisos.

El albacea universal de la herencia de Carmen Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, responde "en nombre de todos los herederos" con un enérgico no al alcalde, Benito Portela (de Sadamaioría), y atribuye la negativa a ceder 501 metros cuadrados al "clima de abierta hostilidad que generó la actual Corporación" al declarar personas non gratas a los herederos del dictadorpersonas non gratas.

El acuerdo de nombrar de forma simbólica non gratos a los herederos del pazo de Meirás se aprobó el pasado mes de agosto con los votos a favor de Sadamaioría, PSOE y BNG, la abstención del PP y el voto en contra del PDSP. Los grupos de izquierda, que reclaman desde hace años la devolución de la que fue residencia de veraneo de Francisco Franco, fundaron su decisión en el incumplimiento reiterado del régimen de visitas al inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en 2011, y en las sucesivas "provocaciones" de sus propietarios, entre ellas, la de encomendar las visitas a la Fundación Nacional Francisco Franco para que ensalzase la "grandeza" del dictador.

El albacea de la herencia de Carmen Franco no se pronuncia en su misiva sobre los motivos que llevaron al pleno de Sada a declarar non gratos por mayoría a los Franco y se limita a calificar de "insólita e injustificada" esta "afrenta pública" contra una "familia que siempre se ha sentido íntimamente unida al municipio".

El representante de los herederos del dictador va más allá y afirma que el acuerdo adoptado por el pleno de Sada "no tiene precedentes en el mundo civilizado" y está viciado de "nulidad radical".

El portavoz de los Franco traslada al Concello de Sada la disposición de los propietarios del pazo de Meirás a cambiar de postura y ceder gratuitamente esta finca extramuros para construir aceras si el pleno revoca "los acuerdos adoptados con la intención de agraviar gratuitamente a toda la familia Franco Polo".

El albacea apela a esta oferta como una "muestra de buena voluntad" de los herederos de Carmen Franco. "Confío en que su buen juicio le hará primar los intereses de los vecinos de Sada, a los que representa, sobre los intereses políticos de su partido. En otro caso, lamento comunicarle que dicha cesión no se realizará de forma voluntaria, por lo que para obtener la propiedad de dichos terrenos habrán de acudir, en su caso, a los procedimientos administrativos legalmente establecidos, lamentando en ese caso, que ello implique un coste para los vecinos, que una actuación cabal del Ayuntamiento habría podido evitar", advierte al alcalde, Benito Portela, en su misiva.

No es la primera vez que los Franco atribuyen su declaración de personas non gratas en Sada a intereses partidistas de la izquierda que desvinculan del sentir del pueblo. Los herederos del dictador gozaron durante décadas de la amistad del exalcalde Ramón Rodríguez Ares, que nunca ocultó sus simpatías con el franquismo y que siempre se opuso a apoyar cualquier propuesta que atentase contra los intereses de la familia.

La sintonía de los Franco con los gobiernos de Sada se rompió con la investidura del bipartito y empeoró con el tripartito, que hizo bandera de una reivindicación histórica de los grupos de izquierda: la recuperación del pazo de Meirás, que califican de "botín de guerra" y "expolio". La cuerda entre el Concello y los Franco se tensó además por las reiteradas quejas por los incumplimientos del régimen de visitas al Bien de interés Cultural, que llevó a la Xunta a imponer a la familia una multa de 4.500 euros; por el desafiante posado de Carmen Martínez Bordiú en el pazo y, sobre todo, por la decisión de los propietarios de encomendar las visitas al pazo a la Fundación Francisco Franco para que ensalzase la "grandeza" del dictador.

La puesta en venta del pazo por ocho millones de euros ha insuflado fuerzas ahora a las reivindicaciones para recuperar el inmueble.