Pisos y chalés terminados pero que no han logrado vender y otros que se quedaron en el esqueleto, sin terminar. Pero tienen que pagar igual el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Concello. Son constructoras y promotoras que acusan la crisis del ladrillo desde 2008 y aún no han logrado recuperarse. No son capaces de vender estas viviendas y no tienen liquidez para abonar impuestos o cuotas como las de las comunidades de propietarios y derramas, entre otros. Estos promotores son los principales deudores del Ayuntamiento de Oleiros, fundamentalmente en el IBI urbano.
El Concello acaba de publicar un listado de más de 800 nombres de particulares, empresas y entidades a las que les requiere el pago de impuesto por la vía de apremio ante la demora. En el caso de las constructoras figuran nombres que se repiten cada pocos meses desde hace años en estas listas de deudores.
Figura por ejemplo Urtapea, que levantó un inmueble (se habló de un hotel o centro de mayores) frente al viaducto de la Raqueta que tiene la estructura de ladrillo solo y que lleva muchos años abandonado y lleno de pintadas y grafitis. Debe al Concello recibos de la contribución y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
El Gobierno local también suele apercibir por la vía de apremio a otra habitual en estas listas, Galibrokers, que ejecutó entre otras unas viviendas en Cabreira, terminadas en su estructura pero que nunca logró vender. Ahora mismo debe a la Administración local ocho recibos del IBI. Cuatro debe Consolidada de Promotores, que entró en quiebra y vendió sus activos, como el edificio a medio terminar que tiene en la capital oleirense, frente a la parada de taxis.
La que tiene más recibos sin abonar de este impuesto es Invergar-Maferco, la promotora que levantó en A Pezoca, en la capital municipal, cerca de ochenta viviendas en una urbanización privada, con calle interior, farolas e instalaciones deportivas, de acceso cerrado. El Concello le reclama 66 recibos del IBI urbano. Es también una de las constructoras que suelen salir en estos listados. En 2013 sus escasos vecinos (aún tenía muchos pisos por vender) colgaron carteles en las fachadas para reclamar que la promotora pagar sus cuotas de comunidad, ya que debido a estos impagos no tenían ascensor.
El hotel Celuisma también ha tenido que ser requerido en varias ocasiones para que abonase el IBI, al igual que constructoras tan conocidas como EPAAT. El listado de promotoras y constructoras que se demoran en el pago de los recibos, en la mayor parte de los casos porque no los tienen domiciliados, es muy largo. En este último listado de más de 800 vecinos en vía de apremio también figura Distribuciones Taula, la que gestionaba la gasolinera Cepsa que fue derribada y expropiada en Santa Cruz.
