La promotora de la urbanización de A Barrosa, Mantuano, ha remitido al Concello de Miño un segundo escrito para exigir una indemnización de 558.000 euros por la demora en conceder la licencia de primera ocupación a uno de los bloques del complejo, compuesto por 18 viviendas y 6 despachos. La empresa, con sede en Madrid, ya había presentado una reclamación a finales de 2016 y critica que el Ayuntamiento "no se haya dignado a contestar".

Esta promotora con sede en Madrid recuerda en su escrito que la junta de gobierno acordó denegar la licencia de primera ocupación para el edificio el 16 de julio de 2014 y que, tras presentar un recurso que no fue atendido, se vio obligada a acudir a la vía contenciosa. Destaca que el diciembre de 2015 el juzgado número 1 de A Coruña estimó su reclamación y ordenó al Concello conceder el permiso. "La sentencia adquirió firmeza el 6 de enero de 2016 y, a pesar de ello, ustedes no concedieron la licencia de primera ocupación hasta meses posteriores", le recrimina la promotora al Concello.

Sostiene que el "funcionamiento anormal" del Ayuntamiento le ha causado una lesión patrimonial por la caída de los precios del mercado, la depreciación de las viviendas, por la resolución de contratos de compraventa y por daños ocasionados por el vandalismo en las viviendas vacías.

La empresa sostiene que el valor de venta del bloque ascendía a 3.449.820 euros cuando se le denegó "injustificadamente" la licencia de ocupación. Según sus estimaciones, el tiempo que perdieron por el retraso en conceder la cédula de habitabilidad provocó una depreciación anual del 5% que, en euros, alcanza los 344.982 euros. A esta suma, la promotora añade la pérdida de ingresos por alquiler, que cifra en 213.120 euros.

En su escrito, la promotora denuncia también que recientemente ha pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la urbanización de A Barrosa a pesar de que no se les concedió la licencia de primera ocupación hasta el año 2016. Mantuano Galicia reitera su petición en un momento especialmente complicado para el Concello, que deberá pagar este año 2,7 millones por otras losas urbanísticas: la primera cuota del préstamo de 12,5 millones de Fadesa y parte del canon indebidamente gastado de monte Piñeiro.

Todo apunta a que serán los juzgados los que determinen finalmente si la gestión urbanística pasa otra vez factura al Concello.