El Juzgado de lo Penal de Ferrol declaró probado en 2004 que el patrón del buque Punta Prados de Sada provocó el hundimiento de la embarcación en enero de 1992 en cabo Prior "para defraudar a la compañía de seguros" y cobrar 270.000 euros de indemnización, tras la póliza que había concertado catorce días antes del siniestro. Pero el pleito tardó tanto, más de tres años, que prescribió el delito de estafa y fue absuelto el patrón y su compañera sentimental y propietaria del barco. Animada por la absolución, la pareja se atrevió a presentar demanda contra la aseguradora Mapfre para cobrar el seguro. Tras desestimárselo el juez en 2017, ahora (26 años después) la Audiencia Provincial ratifica que no tienen derecho a cobrar esta indemnización (45 millones de las antiguas pesetas) y además le impone las costas del pleito.

Mapfre contrató a una empresa para localizar el barco y sacó fotografías de un agujero en el caso "rectangular, de forma claramente definida" y con las astillas hacia afuera, lo que probaba que la brecha se abrió desde dentro, (un perito dijo incluso que pudo ser con una sierra), y se descartó la tesis de la defensa de un choque contra otra embarcación. Ante esta conclusión de intencionalidad del hundimiento por parte del propio patrón en "connivencia" con la titular del buque con la que convivía, Mapfre se negó a pagar el importe del seguro.

La sentencia de la Audiencia deja claro que la pareja quería, al cobrar el seguro, tener el dinero suficiente para cancelar la hipoteca que tenía con Caixa Galicia (ahora Abanca), por el préstamo para la compra del buque. Abanca ejecutó la hipoteca al deberle la pareja unos 380.000 euros de crédito principal, intereses y costas. Al hacer el seguro, el patrón incluyó una cláusula que fijaba que Abanca se subrogaba en el cobro de la indemnización. Sin embargo, tras decretar su absolución penal, los acusados intentaron anular esta subrogación en favor de Abanca para cobrar ellos.

La Audiencia les ha negado en una sentencia del pasado abril, revertir esta cesión, y también su alegación de que no se admitieron pruebas en el juicio. No obstante, Abanca tampoco ha logrado cobrar el dinero del seguro, solo 40.000 euros, al negarse Mapfre a pagar tras la sentencia que declaró probado que hubo fraude.