El Juzgado de lo Penal de A Coruña ha ordenado abrir juicio oral contra el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística cometido por funcionario público, por permitir la construcción de decenas de viviendas entre 2002 y 2007 en suelo rústico en el lugar de A Fraga, en Limiñón, causa por la que están también imputadas otras nueve personas. El juicio comenzará la próxima semana y se prevé que el alcalde abegondés declare en la siguiente. La Fiscalía pide para Santiso dos años de prisión y diez años de inhabilitación para el ejercicio de cargos o empleos públicos en el ámbito local o de la construcción.
Entre los imputados figuran arquitectos técnicos que trabajaron para el Ayuntamiento de Abegondo o miembros de la Corporación que apoyaron con sus votos la concesión de las licencias para la construcción de las decenas de viviendas erigidas en suelo rústico. Se les acusa de delito continuado de prevaricación por funcionario público informante de licencias o cometido por autoridad que, como miembro de un órgano colegiado, vota a favor de la concesión de las mismas.
El Ministerio Fiscal pide para todos ellos inhabilitación en ámbitos públicos y profesionales relacionados. Para dos ediles y un arquitecto técnico pide un año y seis meses de prisión -que no cumplirían por no tener antecedentes penales- e inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Para otros pide, además de inhabilitación, multas. La pena más elevada, de inhabilitación y dos años de prisión, la solicita para Santiso, un arquitecto técnico y tres concejales que con su voto contribuyeron a aprobar licencias en Juntas de Gobierno.
El alcalde abegondés defiende su inocencia y celebra que el juicio vaya a concluir por fin el proceso abierto hace más de una década. "Estoy deseando que se celebre el juicio para que finalice el proceso", aseguró ayer el alcalde, a través del responsable de prensa. El regidor afirmó: "Como he mantenido siempre, jamás tomé una decisión con un informe técnico o jurídico negativo".
La Fiscalía, además de las penas que solicita para los acusados, sostiene que "procede la demolición de todo lo construido llevando a término cuantas actuaciones resulten necesarias para devolver los terrenos a su primitivo estado". El Ministerio Fiscal defiende también que "procede declarar la nulidad de las licencias concedidas en relación con las construcciones a que se refieren los expedientes". En cuanto a la responsabilidad civil, reclama que los acusados se hagan cargo de forma directa y solidaria "del coste de las demoliciones de las obras que por su intervención hubieran podido llevarse a cabo y de cuantos perjuicios pudieran acreditarse por la restitución a su primitivo estado de los terrenos", además de abonar las costas del proceso.
La apertura del juicio oral supone entrar en la recta final del proceso que se inició hace más de una década y que se vio suspendido en 2011, cuando fue archivada la causa contra el alcalde. En 2011, nueve días antes de las elecciones municipales en las que José Antonio Santiso ganó por mayoría absoluta, la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos archivó la imputación de Santiso, junto con la del exconcejal Antonio Fernández Fernández, también imputado en la actualidad. Meses después, a final de año, la juez volvió a imputarlos tras estimar los recursos del fiscal y las acusaciones particulares contra el archivo. Santiso creyó entonces que se volvería a archivar.
