La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha concedido tres meses al Ayuntamiento de Oza-Cesuras para derribar el centro social construido en suelo rústico en el núcleo de Vales, en Borrifáns, que el Ayuntamiento había acordado construir a medias con una asociación de vecinos. El organismo dependiente de la Xunta advierte de que, en caso de incumplimiento, realizará el derribo de forma subsidiaria o mediante la imposición de multas reiterables. Además, informa de que ha puesto la resolución en conocimiento de la Fiscalía por si hubiera que dirimir responsabilidades penales.

La APLU dicta que el inmueble, a medio construir, es ilegalizable. Comenzó a levantarse sin licencia municipal ni un plan especial para suelo rústico, por lo que debe reponerse la legalidad, es decir, derruir lo edificado.

El PSOE, que denunció el caso ante la APLU en 2016, exige al Concello de Oza-Cesuras que cumpla la resolución de la APLU y "derribe en un plazo máximo de tres meses una construcción ilegal de titularidad municipal". El grupo provincial socialista lamenta "que estos hechos se produzcan en Oza-Cesuras, primer concello que surgió de una fusión y que debería ser un ejemplo a seguir por su transparencia", como apuntó la portavoz municipal del PSOE de Oza-Cesuras, Pilar Pedreira, que ayer ofreció una rueda de prensa junto al diputado autonómico Juan Díaz Villoslada. El PSOE apunta que denunció "al tener constancia de que se estaba realizando una obra en suelo rústico, sin licencia y con colaboración del Gobierno local"; una "irregularidad tolerada".