La Audiencia Provincial acaba de rechazar un recurso del alcalde de Cerceda, José García Liñares, y el arquitecto municipal, en el que se oponían a que las diligencias previas que tiene abiertas contra ellos el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Coruña se transformasen en un procedimiento abreviado. Esto significa que tanto el juzgado como ahora la Audiencia descartan archivar la causa al dar "credibilidad" tanto a la denuncia formulada en su día por el Partido Popular como al escrito de acusación de la Fiscalía Provincial. Con esta sentencia podría resolverse pronto la solicitud presentada el año pasado por el fiscal de que se abra juicio oral contra el regidor por prevaricación y fraude; y contra el arquitecto por los mismos delitos más falsedad en certificado, en relación a las irregularidades en la contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo, que Cerceda contrató a pocos meses de las pasadas elecciones municipales y que Liñares inauguró el mismo día de su toma de posesión.
La Fiscalía Provincial en su escrito de conclusiones provisionales solicita un año y seis meses de prisión así como nueve de inhabilitación para García Liñares; y un año y seis meses de cárcel, cinco de inhabilitación y año y tres meses de suspensión del cargo para el arquitecto municipal.
Esta situación se originó después de una denuncia del Partido Popular ante el fiscal en marzo de 2015 en la que aseguró que la obra de las lagunas se ejecutó antes de que se recibiesen las ofertas de las empresas. El Concello, al enterarse de la denuncia ante la Fiscalía, acudió al Consello Consultivo para anular esta contratación, lo que este órgano rechazó porque la obra ya estaba realizada. El propio Ejecutivo reconoció al enviar el escrito al Consultivo que realizó el procedimiento "prescindiendo total y absolutamente de la normativa vigente".
José García Liñares, en declaraciones en 2016 responsabilizó al secretario municipal de esta situación y afirmó que se había cometido "una equivocación garrafal". Ayer el regidor, tras la sentencia que descarta archivar la causa contra él, reiteró que la contratación "se hizo mal" pero él estaba "muy tranquilo" porque "el secretario admitió en la Audiencia que había sido él".
El Concello encargó un proyecto para crear unas "lagunas naturalizadas" en el jardín botánico, redactado en 2011. Se preveía un presupuesto de 306.858 euros con IVA. Pasaron los años y el proyecto no se hizo hasta que llegó 2015 y "ante la convocatoria de elecciones municipales" y con la "colaboración del arquitecto", con "intención de terminar las obras en el menor tiempo posible", decidieron "desgajar sin que hubiera causa para ello una parte del proyecto", el drenaje del terreno, y "adjudicarlo como obra menor a la empresa SYR-AMG prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido", según señala el fiscal en su escrito. Por superar los 200.000 euros debía abrirse un procedimiento negociado con publicidad pero se hizo sin publicidad.
Fiscalía añade que además de adjudicar el drenaje a esta sociedad luego le encomendó continuar con el resto del proyecto "antes de su adjudicación", que hizo a la empresa GR Construcciones Obras y Servicios. Las dos empresas están vinculadas: fueron constituidas por dos hermanos, Manuel y José Antonio Gómez Rodríguez, aunque en la primera José Antonio ahora es administrador único y en la segunda lo es la mujer de Manuel, que figura solo como empleado.
El secretario e interventor municipales realizaron sendos informes negativos en marzo de 2015 contra esta contratación al advertir que no constaba en el expediente el informe técnico de que la obra fuera conforme con la ley y el planeamiento urbanístico, si cumplía la legalidad, ni constaba certificado de existencia de crédito ni informe de fiscalización de la Intervención ni el acta de replanteo del proyecto. Tampoco constaba, según señalaron, la justificación para utilizar el procedimiento negociado, ni existía una memoria ni se justificó la capacitación de las empresas a las que el alcalde invitó a concursar.
El escrito de Fiscalía dice que los acusados encargaron en febrero de 2015, verbalmente a la empresa SYR-AMG, un contrato menor de obras para hacer un drenaje. Se "obvió cualquier trámite" y en abril de ese año la empresa presentó al Concello un presupuesto de 9.583 euros más IVA con fecha del 9 de febrero por hacer el drenaje sin "firma de ningún responsable del Ayuntamiento". Ese mes también presentó la factura que obligó a hacer un modificativo de crédito al no tener partida presupuestaria, aprobada por decreto de alcaldía.
Al iniciarse las diligencias judiciales tras la denuncia del grupo municipal del PP el arquitecto presentó un escrito con fecha de abril en el que recomendaba realizar un "drenaje perimetral" antes del drenaje de la obra principal, pero ese informe "no consta en los registros municipales" la Guardia Civil registró en la Casa Consistorial en agosto de 2016 y verificó que ni en la aplicación informática ni en el expediente físico constaba el informe que el arquitecto envió al juzgado.
"Cambiamos el proyecto, a mayores decidimos hacer un drenaje más de acuerdo con el técnico, cuantos más drenajes se hagan queda mejor", apuntó ayer el regidor.
El fiscal señala que se tramitó el procedimiento "de la forma más rápida posible". La segunda fase de la obra comenzó a finales de abril, las elecciones fueron el 24 de mayo, ganó de nuevo Liñares y el mismo día de la toma de posesión, el 13 de junio, cortó la cinta que inauguraba las lagunas, aunque esas obras no se recepcionaron hasta el mes siguiente, a finales de julio.
