El exalcalde de Miño, Juan Maceiras, prestó declaración la pasada semana en Betanzos en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación por fraccionar contratos de arreglos en caminos y alumbrado 2007, en vísperas de las elecciones municipales. El exregidor del PP acudió a declarar acompañado por su abogado, el exasesor jurídico de Miño Carlos Abal, y atribuyó la irregularidad a "problemas presupuestarios", según recoge el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso este diario.
Juan Maceiras negó ante la jueza que hubiese troceado los contratos de alumbrado en lotes, uno por cada margen de la carretera, para eludir el concurso público y adjudicarlos a través de negociados sin publicidad, como denuncia el PSOE. El exregidor sostuvo que lo hizo porque inicialmente el Concello carecía de fondos para ejecutarlos en un único paquete y que contrataba las obras "a medida que se conseguían los fondos".
El exalcalde sostuvo que "apareció una partida extraordinaria" que permitió contratar finalmente todas las obras al mismo tiempo y que decidió no elaborar un proyecto global para no incurrir en un "sobrecoste", dado que ya había redactado los planes por fases.
Maceiras admitió que adjudicó las obras con reparos de Intervención e Intervención, pero sostuvo que la secretaria y la interventora le había dicho que "no habría ningún problema por levantar el reparo en pleno", según recoge el acta.
Su número dos por aquel entonces, el actual primer teniente de alcalde, Jesús Veiga, declaró también como investigado en esta casa. El edil se desmarcó de cualquier responsabilidad en los contratos investigados y recalcó que sus competencias en aquel momento se limitaban a Servicios Sociales y Cultura. Veiga admitió que había votado a favor de levantar los reparos de Secretaría e Intervención, pero alegó que las habilitadas nacionales estaban presentes en la sesión y "que no manifestaron nada".
El concejal afirmó no recordar el presupuesto de las obras ni el momento en que se ejecutaron. A preguntas de su abogado, Veiga sostuvo que se trata de unos contratos de hace 11 años y que la denuncia del PSOE obedece a motivos políticos.
Los socialistas llevaron a los juzgados estas obras contratadas en vísperas de las elecciones de 2017. La formación sostiene que el exalcalde firmó la resolución solo tres días antes de los comicios y que fraccionó los contratos "para beneficiar a determinadas mercantiles". Entre las obras denunciadas, los socialistas citan unas de alumbrado en Bemantes divididas en el margen derecho e izquierdo de la calle que se contrataron en dos lotes, de 59.954 y 59,125 euros respectivamente cuando el límite del negociado sin publicidad era de 60.101 euros. Unas de afirmado de camino en Callobre en dos tramos de 58.795 y 59.795 euros y otros de alumbrado en Bañobre de 69.807 y 59.822 euros respectivamente.
