La comisión de expertos creada por la Xunta ya dispone de una estrategia para incorporar el pazo de Meirás al patrimonio público. El comité, que preside el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas y del que forman parte responsables del Gobierno gallego, juristas, universidades, Diputación y Concello de Sada, presentará mañana las conclusiones en el Parlamento.
La vía que plantea la comisión de expertos de la Xunta difiere de la que propone la Junta Pro Devolución de Meirás, partidaria de que el Estado ejerciese una acción civil para declarar la nulidad del título de propiedad del pazo de 1941 al estar probado que se trató de una simulación de una compraventa dado que el inmueble ya había sido adquirido y donado al dictador en 1938 en calidad de Jefe de Estado.
La comisión de expertos no duda del carácter fraudulento del título de propiedad, pero plantea una alternativa que, incide, permitiría sortear las dificultades legales de esta acción civil, como probar su donación anterior a Franco tras su adquisición con fondos públicos.
El órgano de asesoramiento de la Xunta propone que la Administración General del Estado plantee una acción reivindicatoria frente a los herederos de Franco y reclame por la vía civil la declaración del pazo de Meirás como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado. El comité cree posible por la vía de usucapión, es decir, "por su uso reiterado entre 1938 y 1975". Destacan que la ley prevé la demanialización de bienes por parte de la Administración cuando puede probarse su uso de forma notoria, pacífica, continuada e ininterrumpida durante un período de tiempo que, en el caso de Meirás, estaría superado con creces.
La comisión destaca que una vez adquirida la condición de bien público, este deviene en inalienable e imprescriptible. Es decir, que los Franco no podrían alegar que son propietarios por su ocupación durante más de treinta años sin oposición dado que el pazo no perdería la condición de bien público.
Los expertos argumentan que está sobradamente probado el uso de As Torres como residencia estival de la Jefatura del Estado entre 1941 y 1975. Los integrantes de la comisión inciden en que está más que acreditado que durante toda la dictadura las administraciones actuaron en el pazo de Meirás como si se tratase de una propiedad pública, asumiendo todo tipo de obras de reforma y de mantenimiento.
No solo eso, sino que la Casa Civil, a través de los servicios de intendencia, se hizo cargo también de todos los gastos de las estancia de Franco y de su familia en Meirás, desde la compra de alimentos al combustible de la calefacción. Es más, eran los propios empleados del Palacio del Pardo, parte de ellos funcionarios, los que se desplazaban en verano a Meirás como personal de servicio.
El informe de la comisión de expertos no solo detalla todos los gastos de Meirás con cargo al erario público, sino que destaca que su carácter de residencia oficial tiene su reflejo en el hecho de que desde 1946 hasta 1975 se celebraron todos los años un consejo de ministros, incluido el que en 1953 aprobó la construcción del aeropuerto de Alvedro. No solo se celebraron consejos de ministros, también numerosas audiencias oficiales.
Todos estos hechos llevan a la comisión a concluir que el pazo de Meirás fue una residencia oficial, como el Palacio del Pardo y el Palacio de Aiete, ambos públicos.
El comité de expertos plantea que la acción reivindicatoria de la propiedad por la vía civil debe acompañarse de medidas para evitar la venta. Dado que los Franco han sacado a la venta el pazo de Meirás por ocho millones, la comisión propone realizar una anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad para evitar que un posible adquiriente alegue después la compra de buena fe.
