Han hecho falta 43 años para que un informe oficial constate que el pazo de Meirás, el inmueble que aún hoy detentan los herederos de Francisco Franco Francisco Franco, fue en realidad una residencia oficial estival, mantenida con fondos públicos durante toda la dictadura: Un Palacio del Pardo de veraneo.
El informe que ha elaborado la comisión de expertos impulsada por la Xunta detalla gastos con cargo al erario público que van desde menudencias del día a día, como el pago de 25 kilos de alubias o diez libras de chocolate, hasta el desembolso más de 21 millones de las antiguas pesetas para obras de reforma. En Meirás no se rompía un copa sin que fuese inmediatamente repuesta por la Casa Civil. Hasta el tabaco que se fumaba en sus dependencias salía de las arcas públicas.
En un documento de sesenta páginas, este comité asesor presidido por el catedrático Xosé Manuel Núñez Seixas desgrana todo tipo de gastos, desde menaje, comida o de telefonía y luz, para probar que "las administraciones públicas actuaron con respecto a este inmueble como si se tratase de una residencia oficial. El Estado asumió "el mantenimiento anual, la realización de todo tipo de obras de reforma y la adquisición de nuevas parcelas que pasaron a conformar el patrimonio particular del dictador", detalla.
El tratamiento que recibió el pazo de Meirás fue idéntico al del Pardo o el Palacio de Ayete. Ocupó un epígrafe regular en los presupuestos de la Casa Civil durante toda la dictadura. Un dato revelador de su carácter de residencia oficial lo constituye el hecho de que el personal funcionario del Pardo se desplazaba todos los agosto a Meirás para desarrollar las mismas funciones que tenían asignadas en Madrid. O que el pazo acogió un consejo anual de ministros desde 1946 hasta 1975, incluido el que aprobó la construcción del aeropuerto de Alvedro. La documentación oficial aludía al pazo de Meirás como la residencia del Jefe de Estado, una característica que se obvió cuando, a la muerte del dictador, fue transmitida en herencia a sus familiares.
Tras cuatro décadas de silencio, la Administración gallega ha dado el primer paso para recuperar el pazo de Meirás. Lo hace tras la presión ejercida por la Comisión pola Memoria Histórica y el Concello de Sada, la publicación del libro de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo sobre el "expolio" expolioy la constitución de la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás por la Diputación, treinta concellos y asociaciones culturales y de la memoria. Todos los partidos del Parlamento creen ahora que ha llegado el momento de recuperar Meirás a través de una demanda que le corresponde interponer al Estado. Todos los grupos apoyan la acción reivindicatoria y solo discrepan a la hora de reconocer a los Franco como poseedores de buena fe, extremo del que se desmarcan el Concello de Sada, el BNG y En Marea y que abriría la puerta a indemnizar a la familia por los gastos desde 1975.
